La Comisión Europea aumentó este jueves la presión sobre varios países de la UE en el ‘dieselgate’, al iniciar acciones contra Alemania y España, entre otros, por no sancionar al constructor alemán Volkswagen por trucar sus motores.
«Las autoridades nacionales de la UE deben asegurarse de que los constructores cumplen efectivamente la ley», señaló la comisaria europea de Industria, Elzbieta Bienkowska, quien prometió a mediados de septiembre ante los eurodiputados la apertura de procedimientos de infracción.
El escándalo de los motores trucados estalló en septiembre de 2015, cuando las autoridades estadounidenses acusaron al constructor de marcas como Seat, Audi o Porsche, de haber utilizado en sus vehículos un dispositivo manipulado para presentarlos como menos contaminantes durante los controles.
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Desde entonces, el constructor aceptó destinar en Estados Unidos unos 15.000 millones de dólares para compensar a sus clientes, mientras que los consumidores europeos no tienen todavía noticias sobre eventuales indemnizaciones. Ante la falta de margen de maniobra en este caso, el ejecutivo europeo decide presionar a los países del bloque.
Bruselas acusa en concreto a Alemania, España, Reino Unido y Luxemburgo de no haber aplicado las sanciones previstas en sus legislaciones contra Volkswagen, mientras que señala a República Checa, Lituania y Grecia por no contemplar en sus normas sanciones por este tipo de irregularidades.
Los países del bloque «deben disponer de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas para desanimar a los constructores de automóviles a infringir la ley». «Cuando una tal infracción se constata (…), estas sanciones deben aplicarse», subraya el ejecutivo.
El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, defendió que su país «ya inició expedientes informativos y que pueden derivar en su caso en sanciones, en relación con Seat», y anunció que informarán de ello, así como de eventuales sanciones, a la Comisión.
El ejecutivo europeo reprocha también a Alemania y Reino Unido una violación de la ley «al rechazar divulgar» las informaciones recabadas en sus investigaciones nacionales sobre posibles irregularidades en la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) por parte de los vehículos del grupo Volkswagen y otros constructores.
Bruselas envió cartas de requerimiento a estos países para responder a las acusaciones en el plazo de dos meses, primera etapa del procedimiento de infracción que podría terminar con sanciones económicas.
La Oficina Europea de las Uniones de Consumidores celebró la decisión de Bruselas como una «buena noticia». «Es una dura reprimenda contra Alemania y los otros países por su inacción», aseguró esta organización, para la que «se protegió a la industria automóvil en detrimento de los consumidores».
La eurodiputada ecologista Karima Delli celebró que la Comisión diera «finalmente un golpe sobre la mesa» y urgió a los Estados a «asumir sus responsabilidades».
Tras el escándalo, el ejecutivo comunitario propuso en enero una revisión de la legislación europea para hacerse con el procedimiento de homologación de los vehículos, que es competencia de los diferentes países, así como para dotarse de poderes de supervisión y sanción. La propuesta no ha sido aún debatida.
El caso del diésel ha obligado al grupo alemán a revisar su estrategia. A finales noviembre, el gigante del automóvil anunció su intención de convertirse en líder mundial de los coches eléctricos antes de 2025.
Además, Volkswagen prevé la supresión de 30.000 puestos de trabajo en todo el mundo, posiblemente algunos de ellos en Brasil y Argentina, en el marco de un plan para recuperar su rentabilidad tras el ‘dieselgate’. AFP
