La inspectora aérea que asegura haber observado el plan de vuelo antes de la caída del avión donde viajaba el equipo brasileño Chapecoense dice que fue presionada por sus jefes para cambiar su informe después del siniestro.
En una carta dirigida al diario El Deber desde Brasil, donde ha solicitado refugio, Celia Castedo expresó que no tenía «capacidad de detener» la salida de la aeronave a pesar de haber observado que la cantidad de combustible era insuficiente.
Las autoridades han dicho que es probable que la causa del siniestro que el 28 de noviembre dejó 71 muertos en Medellín haya sido que el avión agotó su combustible antes de aterrizar.
Tras el accidente «fui sometida a hostigamiento y presiones de mis superiores, ordenándome modificar el informe que horas antes había presentado por vía interna», situación que la obligó a buscar refugio en Brasil, dice Castedo, una inspectora con 30 años de experiencia.
Horas antes, el Ministro de Obras Públicas, Milton Claros, dijo que Castedo tenía la atribución de detener el avión y que sus observaciones fueron posteriores al accidente. «En el plan de vuelo no hay ninguna observación», aseveró Claros.
La mujer enfrenta un proceso penal en Bolivia junto a otras cinco personas, entre ellas, Gustavo Vargas, un piloto militar jubilado que trabajaba como gerente de LaMia, línea área que operaba vuelos chárter económicos y cuyos clientes eran principalmente clubes de fútbol. Un juez de medidas cautelares envió a Vargas al penal de manera preventiva mientras es investigado por incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y homicidio culposo.
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«No me pueden echar la culpa a mí, los fiscales saben que hay dos dueños», dijo Vargas durante su audiencia.
Su hijo, Gustavo Vargas Villegas, era hasta el jueves Director del Registro Aeronáutico y aprobó la matrícula de la aeronave siniestrada. Fue detenido por presunto tráfico de influencias.
La Fiscalía informó que busca al otro socio de la aerolínea. «El señor Marco Antonio Rocha Venegas posiblemente se encuentre en Colombia. Estamos verificando con el registro migratorio», dijo el fiscal general Ramiro Guerrero.
Rocha aparece como socio de LaMia junto a Miguel Quiroga, piloto que murió en el accidente. Ambos fueron miembros de la Fuerza Aárea antes de crear su empresa en 2015.
El siniestro ha provocado otros efectos en Bolivia. El jueves, el gobierno suspendió los vuelos comerciales de Transporte Aéreo Militar (TAM) «por no cumplir los procedimientos de seguridad aérea establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)».
Asimismo, la fiscalía embargó dos aeronaves a la empresa que no estaban en operaciones. La Fuerza Aérea dijo que LaMia no pagó una deuda por un equivalente a 71.000 dólares por mantenimiento del avión siniestrado. AP
