Perú reguló este viernes el uso de grilletes electrónicos a presos de menor peligrosidad para disminuir el hacinamiento en sus cárceles, según una norma publicada este viernes en la gaceta oficial.
El decreto que regula la vigilancia electrónica personal, tiene «por finalidad la disminución de los niveles de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, reducir costos de internamiento y bajar la reincidencia de reos».
«Los grilletes serán impuestos por mandato judicial a procesados que estén encarcelados de manera preventiva y cuyo delito imputado no tenga una pena superior a los ocho años de prisión», explica el decreto.
Por su parte, la ministra de Justicia, María Soledad Pérez, manifestó que de ninguna manera se beneficiará a personas implicadas en delitos severos como sicariato, terrorismo, violación o de lesa humanidad, así como a los miembros de organizaciones criminales.
«Los primeros instrumentos de este tipo se aplicarán a gente que no representa ningún peligro para la sociedad. Se trata de personas enfermas, de la tercera edad y gestantes», dijo Pérez tras confirmar que los primeros grilletes se colocarán el 26 de abril.
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El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) será el responsable de la implementación de los grilletes, pero el dispositivo será costeado íntegramente por el procesado o condenado, salvo excepciones dispuestas por el juez.
Según el Inpe, al reo que reciba este beneficio se le colocará el grillete (que tiene forma de pulsera) ya sea en la muñeca o en el tobillo. Además, en su domicilio se debe hacer una instalación de cableado para que el sistema pueda operar.
La población de reclusos de Perú es de 80.000 presos, que se distribuyen en 69 prisiones con capacidad para 52.000 internos, de los que 17.500 son reclusos primarios, con condenas menores a ocho años, y con posibilidad de solicitar el uso de grilletes electrónicos.
Perú declaró en emergencia el viernes a su sistema nacional penitenciario por un periodo de 24 meses con el objetivo de revertir la aguda crisis que atraviesan sus prisiones. AFP