Los presidentes de Cataluña y el País Vasco faltaron este martes a la conferencia de presidentes autonómicos, el órgano de máximo nivel político de cooperación entre comunidades y Estado, por primera vez desde su puesta en marcha.
Ni el catalán Carles Puigdemont ni el vasco Iñigo Urkullu estuvieron presentes en la foto de familia de los presidentes de las 17 comunidades y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, símbolo de las tensiones territoriales del país.
Uno de los principales puntos de la reunión fue el sistema de financiación de las regiones, encargadas de sufragar los servicios sociales, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere reformar este año, dijo al terminar la cumbre.
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Aunque Cataluña es una de las principales interesadas en reformar este sistema, Puigdemont aseguró el lunes que su comunidad «ha salido del régimen común».
En una rueda de prensa, Rajoy desgranó los desafíos presupuestarios de España por el creciente peso de las pensiones debido al envejecimiento de la población, en el país con la segunda mayor esperanza de vida del mundo tras Japón. El pago de estas pensiones, señaló, supone el 28% del gasto del Estado.
Rajoy también lamentó que Cataluña, que representa el 20% del PIB nacional, se ausentara de una reunión en la que se trataron cuestiones «de enorme importancia», como la financiación autonómica.
En el próximo mes, se creará un grupo de trabajo para abordar el nuevo sistema y «el Gobierno catalán tiene la puerta abierta a nombrar un experto». «Lo tenemos que acordar entre todos», añadió, deseando que «la cordura y el sentido común se impongan».
Los desequilibrios en la financiación son uno de los motivos del auge del independentismo en Cataluña, la región con el mayor PIB y la segunda más poblada de España, donde los nacionalistas denuncian pagar mucho más de lo que reciben.
Al mismo tiempo, la región está fuertemente endeudada y debe acudir al Estado para obtener liquidez ante la imposibilidad de financiarse en los mercados.
Para la izquierda, el auge independentista en Cataluña lleva a la necesidad de reformar la articulación del poder autonómico, pero para ello se requeriría una reforma de la Constitución que no se planteó este martes.
El modelo territorial actual se implantó con la Constitución de 1978, tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco. Ese modelo de geometría variable, conocido popularmente como «café para todos», es discutido ahora por nacionalistas e independentistas catalanes y vascos.
«Se ha acabado el café para todos, pero algunos todavía se empeñan en no querer reconocerlo», dijo Puigdemont, añadiendo que en 2017 Cataluña entrará en «una nueva era» y será «libre».
Su gobierno prevé la organización en septiembre de un referéndum de autodeterminación que el Gobierno central rechaza, asegurando que es ilegal.
El País Vasco, dirigido por el Partido Nacionalista Vasco (conservador y nacionalista), se beneficia por su parte de autonomía fiscal por la que puede recaudar directamente los impuestos, igual que la vecina Navarra.
Tanto Urkullu como Puigdemont exigen al Gobierno central relaciones bilaterales para abordar su encaje con el resto del país, pero Rajoy por el momento lo rechaza.
El senador Xavier García Albiol, dirigente del Partido Popular en Cataluña, aseguró que esta relación bilateral «no es posible» y reprochó a Puigdemont su «desaire» al jefe del Gobierno y a los 7,5 millones de catalanes, a quienes dejó «huérfanos» de voz propia en esta cumbre. AFP
