El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN anunciaron, este miércoles, que el 7 de febrero iniciarán en Quito diálogos para acabar medio siglo de conflicto y que, cinco días antes, será liberado un ex congresista rehén de los rebeldes e indultados dos insurgentes.
«Hemos acordado instalar el 7 de febrero, en Quito, la mesa pública que da inicio a la fase formal de los diálogos para la paz de Colombia», indicaron ambas delegaciones en un comunicado, leído por un representante del gobierno de Ecuador, anfitrión de las conversaciones exploratorias.
«El 2 de febrero, el ELN liberará al ciudadano Odín Sánchez Montes de Oca. Este mismo día se harán efectivos los indultos a dos integrantes del ELN», agregó el texto, firmado por las delegaciones del gobierno de Juan Manuel Santos y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), reunidas desde el viernes pasado a puerta cerrada en una hacienda a unos 115 km de Quito.
Santos había anunciado más temprano desde Davos (Suiza), donde participa en el Foro Económico Mundial, que se había alcanzado un acuerdo para lanzar las conversaciones, cuya instalación estaba en suspenso desde octubre pasado porque el gobierno exigía la liberación de Sánchez y el ELN pedía a cambio el indulto de dos rebeldes presos.
«Esta segunda etapa que comenzará el mes entrante es sumamente importante porque nos permitirá alcanzar una paz completa, no solamente la paz con las FARC sino con el ELN también», enfatizó Santos en rueda de prensa.
Alzado en armas desde 1964 y con unos 1.500 combatientes en 10 de los 32 departamentos de Colombia, según cifras oficiales, el ELN es la única guerrilla activa en ese país tras la firma en noviembre de la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).
«Hemos estado intentando iniciar estas negociaciones oficiales desde hace ya tres años y la verdad es que se ha tratado de un proceso muy difícil», afirmó Santos, al celebrar esta «buena noticia para el país», que actualmente implementa el pacto con las FARC, el principal grupo insurgente.
«Es la última última oportunidad», dijo a AFP Jorge Restrepo, director del centro de análisis del conflicto Cerac.
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Según este analista colombiano, si el ELN no libera a Sánchez y se sienta formalmente a negociar con el gobierno, la ofensiva militar en su contra será «con contundencia» una vez que las FARC se hayan terminado de concentrar en las zonas de desarme estipuladas en el acuerdo, un proceso cuya finalización está previsto para el 31 de enero.
«Esa ofensiva se ha venido posponiendo por la dificultad en distinguir los objetivos de la acción militar del Estado, un problema crónico en la seguridad en Colombia», explicó. «Por ello es importante que de aquí a mayo ese proceso (con el ELN) priorice la búsqueda de un cese bilateral del fuego», añadió.
En el acto en la cancillería de Quito, el jefe de la delegación del gobierno de Santos, Juan Camilo Restrepo, destacó la necesidad de «encontrar fórmulas» que lleven a una Colombia más progresista y equitativa.
«El sentido de esta ceremonia no es el de registrar el fin del conflicto armado con el ELN (…) pero tiene el significado de iniciar el camino hacia la búsqueda de la paz, de la paz negociada, de la paz desarmada», dijo.
Su contraparte, Pablo Beltrán, nombre de guerra de Israel Ramírez, afirmó que lo acordado «permite iniciar la agenda de seis puntos cuyo propósito es superar el conflicto armado y crear condiciones para las transformaciones que dignifican a la sociedad y a la nación colombiana».
Sánchez, de 61 años, permanece en manos de los rebeldes tras intercambiarse por su hermano enfermo, Patrocinio, que estuvo tres años secuestrado por la guerrilla. Las delegaciones no revelaron los nombres de los guerrilleros que serán indultados.
Ecuador tiene previsto acoger la primera y la última ronda de conversaciones. Las otras se celebrarán en el resto de los países involucrados en el proceso de paz con el ELN, cuyos garantes también serán Brasil, Cuba, Chile, Noruega y Venezuela.
El conflicto armado colombiano, en el que también han participado otras guerrillas, paramilitares, grupos criminales y fuerzas estatales, ha causado al menos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados en más de medio siglo. AFP
