Centenares de policías militares volvieron a patrullar este sábado en algunas ciudades de Espírito Santo, pese a que sus familiares siguen bloqueando los accesos a los cuarteles y se mantiene la huelga que sembró el caos en este estado de Brasil durante la última semana.
«Policías militares ya son vistos en varios municipios de Espírito Santo. Atendiendo a la llamada del comandante general, están volviendo a las calles», anunció el gobierno local en las redes sociales.
Unos 600 policías comenzaron a patrullar por la capital Vitoria y otras cuatro ciudades al comienzo de la tarde, según informó la estatal Agencia Brasil citando fuentes oficiales.
El movimiento, que incluyó a un helicóptero recogiendo a varios efectivos de un cuartel bloqueado, comenzó horas después de que el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, instara a los policías a que regresaran a sus puestos para «cumplir su juramento».
Pero la huelga todavía sigue vigente.
Familiares de los policías, en su mayoría mujeres, continuaban apostados frente a los regimientos pese al acuerdo al que habían llegado algunas asociaciones de agentes con el gobierno local en la noche del viernes para levantar el conflicto.
Pero en la reunión no hubo representación de las esposas que desde hace una semana bloquean la salida de los cuarteles en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales para los uniformados, que por la Constitución no tienen derecho a hacer huelga.
«No pueden firmar un acuerdo entre ellos. Es un movimiento emprendido por las mujeres de los agentes y ninguna de nosotras estuvo allí. El movimiento continúa», explicó la esposa de un policía citada por el sitio de información G1.
La protesta iniciada el pasado sábado dejó las calles de Vitoria, así como de varias ciudades de Espírito Santo, estado del sudeste de Brasil, sin patrullaje durante ocho días.
Aunque el gobierno federal desplegó tropas para contener la situación, el sindicato de policías ya registró 137 muertes violentas desde el inicio de la huelga -cifra no confirmada oficialmente-, así como saqueos, agresiones y actos de vandalismo.
«La situación no se ha normalizado aún, pero estamos en el buen camino. Desde la llegada del Ejército, los saqueos de comercios cesaron y el número de homicidios se redujo considerablemente», declaró de su lado Jungmann.
A lo largo de la semana, el gobierno federal desplazó a más de 3.000 efectivos de las fuerzas armadas para contener la ola de violencia desatada en este estado, situado a 500 kilómetros al norte de Rio de Janeiro.
El ministro de Defensa estuvo este sábado en Vitoria junto a otros miembros del gobierno y el fiscal general Rodrigo Janot para mantener una reunión de crisis con las autoridades locales.
Allí hizo un llamado para que «los buenos policías hagan honor a su uniforme», destacando que «las reivindicaciones son justas, pero no deben poner en peligro a la población».
Pidió asimismo a las esposas de los policías que «no precipiten a sus maridos a una trampa», mientras que el secretario jefe del gobierno, Antonio Imbassahy, descartó cualquier posibilidad de amnistía para los huelguistas.
Después de otra noche de negociaciones infructuosas con los familiares, el gobierno local elevó el tono en la mañana del viernes al anunciar la apertura de una investigación contra 703 agentes por el delito de «revuelta» (cuando están acuartelados, desobedeciendo órdenes de sus superiores y armados).
En el acuerdo que firmaron finalmente con algunas asociaciones de policías, las autoridades no acataron las reivindicaciones salariales, pero se comprometieron a realizar las promociones de los policías que lo merezcan por ley -y que aún no disfrutaban de su nueva categoría-, así como a formar una comisión para revisar la carga horaria de los trabajadores.
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Este sábado se registraban protestas en 29 de los 100 regimientos del tercer estado más poblado del país. La mayoría, sin embargo, autorizaba la entrada y salida de vehículos, mientras que en los que permanecían bloqueados el relevo de efectivos se realizaba mediante helicópteros. AFP