Las escuelas y el transporte público reiniciaron sus actividades el lunes en el estado brasileño de Espirito Santo, donde una protesta le impidió a la policía efectuar sus patrullas de rutina durante varios días.
Ante el temor de que una protesta similar pueda estallar a escasos días del Carnaval, el gobierno brasileño anunció que desplegaría a elementos de las fuerzas militares para labores policiacas en el estado de Río de Janeiro.
Los negocios fueron reabiertos el lunes en la capital de Espirito Santo, Vitoria, que el Ministerio de Defensa había descrito antes como un pueblo fantasma. Muchas personas regresaron a sus trabajos y podían verse corriendo tras los autobuses en imágenes transmitidas por televisión.
El regreso a la normalidad se logró una vez que cientos de policías decidieron volver a sus tareas, pese a que las protestas encabezadas por sus amigos y familiares continuaron afuera de las barracas en diferentes partes del estado.
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Los manifestantes exigían un incremento salarial para los agentes, que por ley no pueden irse a huelga. Los policías afirmaron que las protestas los mantuvieron confinados en sus barracas e impidieron la salida de los vehículos policiacos, lo que paralizó a la fuerza por más de una semana.
El resultado fue una extraordinaria oleada de violencia en Espirito Santo: Autobuses fueron calcinados, tiendas sufrieron saqueos y el sindicato que representa a la policía civil informó que 146 personas fueron asesinadas desde que las protestas iniciaron hacía 10 días. En medio de la inseguridad, muchos servicios del estado fueron suspendidos, y más de 3.000 elementos de las tropas federales fueron asignados a mantener la paz.
Durante el fin de semana, los policías empezaron a cruzar las barricadas, algunos incluso fueron levantados desde el techo de sus barracas por helicópteros. El lunes, el Departamento de Seguridad Pública detalló que cerca de 1.200 agentes estaban de servicio, pocos menos que los que se presentaron un día antes. En un día normal, hay unos 2.000 agentes activos en labores de vigilancia.
El gobierno del estado Espirito Santo enfrenta una crisis económica y fiscal al igual que muchos estados brasileños y ha rechazado exigencias de mayores salarios, aunque dijo que analizaría el sistema de promociones. AP
