La promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en 2004, detonó el boom de esos grupos en México, gracias al incentivo de la entrega de recursos públicos.
Aprovechando el establecimiento de una nueva legislación, sus autores clasificaron dentro del concepto de OSC a los Organismos No Gubernamentales para evitar que el término ONG denotara un papel antagónico al gobierno.
En los últimos nueve años el presupuesto canalizado a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) aumentó más de 500 por ciento al pasar de mil 232 millones de pesos en 2005 a seis mil 779 millones en 2014.
En este periodo el número de esos grupos que recibió apoyos económicos de la Federación creció 64 por ciento, al pasar de siete mil 707 a 11 mil 940.
Los datos se desprenden de los informes anuales de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos otorgados a favor de las OSC, publicados por la comisión integrada por las secretarías de Hacienda, Gobernación, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores.
Hasta agosto de 2015, el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil manejado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) tenía inscritas 30 mil 674 organizaciones, las cuales en su mayoría se concentraron en el Distrito Federal (6 mil 200), Estado de México (2 mil 653), Veracruz (2 mil 182), Oaxaca (mil 948) y Chiapas (mil 326).
De acuerdo con Angélica Araujo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos no Gubernamentales del Senado, todas las OSC que cuentan con la Clave Única de Inscripción (Cluni), otorgada por el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo del Indesol, han recibido subsidios gubernamentales en algún momento de su vida.
La principal causa del boom a partir de 2004, según la legisladora, es la entrega de recursos públicos que antes existía, pero que se hacía “discrecionalmente”.
De todo un poco
Las OSC agrupan gran variedad de organizaciones como grupos comunitarios, sindicatos, grupos indígenas, organizaciones filantrópicas, religiosas, asociaciones profesionales, fundaciones, etcétera. Para financiar sus actividades y el cumplimiento de sus objetivos, dichas instituciones pueden obtener apoyos del sector público y privado tanto nacionales como extranjeros, además de donativos en especie.
Las actividades que conforme a la ley pueden ser autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos son asistencial, educativo, investigación científica o tecnológica, cultural, ecológico, becantes, obras-servicio público y desarrollo social.
Para constituir una organización civil o fideicomiso con fines no lucrativos y recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta (ISR) se requiere la autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Según el Reporte de Donatarias Autorizadas de 2014, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de ese año, los recursos monetarios otorgados se concentraron en el Distrito Federal (12 mil 203 millones de pesos), Estado de México (3 mil 214 millones), Nuevo León (2 mil 696 millones), Jalisco (mil 123 millones) y Sinaloa (954 millones).
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La danza de los números
Para obtener subsidios específicamente gubernamentales, las OSC requieren la Cluni otorgada por el Indesol, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y presentar un proyecto de acuerdo con las convocatorias de cada una de las secretarías de Estado.
En términos generales las dependencias manejan un comité integrado por un experto en el tema, un miembro de una OSC similar, un servidor público y un secretario técnico que analiza y califica los programas de los agentes sociales.
En el caso del Indesol, si la organización de la sociedad civil obtiene 70 de los 100 puntos requeridos, puede conseguir los fondos públicos y en dicho caso firmar un acuerdo de coinversión con el instituto para desarrollar el programa aprobado.
Como característica especial, el Indesol emplea el concepto de “coinversión” porque éste proporciona hasta 80 por ciento del capital requerido para la ejecución del proyecto de la OSC, mientras que ésta aporta el 20 por ciento restante representado en dinero, bienes o incluso capital humano.
Las más beneficiadas
De acuerdo al Indesol, en 2014 y lo que va de 2015, las OSC que más dinero público han recibido de parte de este organismo son Fundación León Calixto (un millón 49 mil 700 pesos), Servicio de Promoción Integral Comunitario Juvenil (un millón 27 mil), Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas (968 mil) y Abriendo Veredas (909 mil).
Siendo no bien visto por la sociedad el hecho de las OSC reciban recursos públicos, porque se pone en tela de juicio su autonomía e imparcialidad, la senadora Araujo explica que no hay por qué temer que el gobierno intervenga en su gestión y resultados. En caso de ser así, la priista advierte que se deben exponer los hechos en medios tan poderosos como las redes sociales.
Araujo cuenta que en el ámbito de las OSC hay diversas organizaciones creadas por cuestiones coyunturales, con intereses particulares, económicos o políticos; sin embargo, tarde o temprano “se logran identificar o en ocasiones se extinguen solas”.
Según la legisladora, cada año desaparece 50 por ciento de las OSC creadas en el ejercicio previo. Del total de organizaciones existentes en México, calcula que entre 50 y 100 son las más importantes, por ejemplo la Cruz Roja, Amnistía Internacional, Transparencia Mexicana y México Evalúa.
Fernanda Somuano, profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, explica que el mundo de las OSC es muy heterogéneo. Hay unas muy pequeñas, medianas y grandes con recursos nacionales e internacionales y una gran capacidad de influencia en las instancias de gobierno.
Sin embargo, también existen las que son una “tomada de pelo”, porque se crean para conseguir fondos públicos y en cuanto los obtienen “desaparecen” o “no rinden cuentas”.
La senadora Araujo reconoce que probablemente también existan OSC de “membrete” u otras que no hacen un buen manejo del dinero público que obtienen, pero en dichos casos, “la sociedad civil puede denunciarlas ante la Sedesol para hacer la investigación y auditoría correspondientes”.
