Un juez chileno dictó el sábado prisión preventiva contra dos ejecutivos y dueños de la empresa Penta y otros cuatro acusados de fraude tributario, sobornos y financiamiento ilegal en uno de los mayores casos de corrupciónde Chile.
El caso tiene además una faceta política: los fundadores de la empresa financiaron la campaña electoral de los aspirantes a diputados y senadores de los dos partidos de la oposición derechista, la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional.
Los fiscales argumentaron que los empresarios entregaron el dinero a los políticos, varios de ellos electos en los comicios de 2013. Además, se falsearon pérdidas, rebajaron y evadieron impuestos utilizando diversos mecanismos.
Penta tiene intereses en los ramos de seguros, finanzas, aseguradoras de salud privada, educación y proyectos inmobiliarios. También vendió una controladora privada de fondos de pensiones.
El magistrado Juan Manuel Escobar ordenó la medida cautelar contra seis de los 10 acusados, tras considerar que varios de ellos representan un peligro para la sociedad, y arresto domiciliario o arraigo nacional y firma para los otros cuatro.
Serán encarcelados de forma preventiva Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, fundadores y ejecutivos de la empresa Penta; así como Pablo Wagner, ex subsecretario de minería; Hugo Bravo, ex gerente general de Penta; Iván Álvarez ex funcionario del servicio de impuestos internos; y Marcos Castro, gerente de contabilidad de Penta.
Además se dictaron penas de arresto domiciliario total o nocturno y arraigo nacional y firma para los otros cuatro acusados.
El magistrado consideró que hay pruebas suficientes para la presunción de la mayoría de los delitos tributarios por los que se juzga a los 10 acusados, que se coludieron para que los empresarios recibieran un reembolso fiscal mayor del que les correspondía.
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Lavín y Délano, los dueños del grupo financiero Penta, enfrentan una larga lista de acusaciones, según las pruebas presentadas durante los últimos tres días por la Fiscalía Nacional chilena.
Las medidas cautelares pueden ser apeladas. El juez determinó, además, un plazo de cuatro meses para la investigación.
El fiscal Carlos Gajardo dijo durante la presentación de pruebas que Penta representa «una cultura de la evasión» y que el grupo empresarial se ha convertido «en una máquina para defraudar al fisco».
El caso Penta ha golpeado fuertemente a la opinión pública chilena en los últimos meses en uno de los mayores casos de corrupción reciente vividos en Chile. A este se ha unido en el último mes el escándalo que involucra al hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos.
La esposa de Dávalos, Natalia Compagnon, dueña al 50% de la empresa Caval, consiguió un préstamo de 10 millones de dólares para comprar unos terrenos que fueron después vendidos por 15 millones de dólares, en un caso en que se investiga tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
El negocio se concretó cuando Dávalos era funcionario de gobierno y éste debió renunciar a su cargo.
La imagen de Bachelet se ha visto fuertemente dañada por este caso.
