Habitantes de Jalpa de Méndez, Tabasco, acusaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de solapar a un corporativo dedicado al tratamiento de recortes de perforación, cuyas actividades contaminantes han causado daños a la salud y a las actividades productivas de comunidades de ese municipio en las que viven unos 11 mil pobladores.
En rueda de prensa, refirieron que desde el 2011 el corporativo INASA S.A. de C.V. se instaló en un terreno de la comunidad Benito Juárez, entre la primera y segunda sección en Jalpa de Méndez, y en las últimas semanas se ha intensificado la entrada de góndolas que llegan a enterrar lodos tóxicos.
Dijeron que la emisión de contaminantes en el tratamiento de residuos ha causado a los habitantes sangrados en las vías respiratorias, enfermedades urinarias y gastrointestinales, irritaciones en la piel y otros padecimientos.
Sin embargo, el pasado sábado la Profepa difundió en un comunicado que su personal realizó una visita de inspección a ese lugar y verificó que “la empresa no genera emisiones de gases a la atmósfera ni descarga aguas residuales”.
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Uno de los afectados de la comunidad Benito Juárez primera sección de Jalpa de Méndez, Roberto Jiménez Castillo, señaló que es lamentable la complicidad de la Profepa y otras autoridades ambientales federales y estatales con el corporativo INASA que emite gases contaminantes en comunidades donde viven miles de personas.
La dependencia federal “está mintiendo”, pues “los daños los estamos sintiendo nosotros que vivimos en el lugar”, dijo, y añadió que la exigencia de la comunidad es que INASA se vaya y los indemnice por las afectaciones ocasionadas.
El asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Efraín Rodríguez León, señaló que de acuerdo con reportes clínicos del Centro de Salud del lugar, alrededor del 85 por ciento de los aproximadamente 11 mil personas que habitan en Benito Juárez primera y segunda sección padecen problemas de salud.
