Un giro de 180 grados dio el gobierno paraguayo a la hora de indicar un responsable en los asesinatos de cinco policías ocurridos hsce casi una semana, pues hoy apunta al narcotráfico.
Al inicio, las autoridades achacaron al grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) las muertes a tiros primero de dos y después de tres agentes, ocurridas en sendas zonas rurales relativamente cercanas entre sí del norte del país.
En un principio se referían al autor como presumible, pero más tarde lo afirmaron categóricamente, lo cual hizo ante periodistas el ministro del Interior, Francisco de Vargas, al afirmar que el EPP le declaró la guerra a la Policía.
Sin embargo, y a pesar de que el territorio norteño es escenario del accionar del EPP, no se tomó en cuenta la ausencia de comunicados como es habitual en esa agrupación para reivindicar la autoría de los hechos.
El presidente Horacio Cartes fue cauto el viernes, poco después de perpetrado el segundo ataque a un carro patrulla policial, y al llegar de Brasilia donde participó en la Cumbre del Mercado Común del Sur se refirió a dos posibilidades y citó a su Consejo de Seguridad para estudiar el asunto.
La acusación ahora se dirige a las organizaciones del narcotráfico -narcoterroristas las llaman en este país-, mediante un comunicado emitido por la Dirección General de Información Presidencial, que cita datos de inteligencia.
Se trata de una reacción ante la fuerte presión ejercida por el Gobierno al desarrollo y la presencia que está marcando el Estado en la zona norte.
«Los caminos, cuarteles, soluciones habitacionales y opciones renovadas de trabajo digno y legal atentan contra los sistemas de vida que estas organizaciones habían desarrollado por décadas», señala el texto.
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Agrega cómo la violencia y crueldad de los últimos ataques son reacciones directas a la reciente incautación de 23 avionetas utilizadas por los narcos en su tráfico internacional, lo cual califica como golpe fulminante a su logística de operaciones.
Independientemente de los responsables, la oposición se encarga de criticar duramente la actuación de las instancias gubernamentales en este tema.
El Frente Guasú, por ejemplo, fustigo al Ejecutivo por lo que llamó total estado de indefensión de las fuerzas policiales.
Lo ocurrido, indica un comunicado de ese núcleo de organizaciones de izquierda, «no denota más que incompetencia a la hora de trazar una estrategia de seguridad y una política de prevención de la violencia y lucha contra el crimen organizado y los otros grupos ilícitos».
Va mucho más allá en sus imputaciones al mencionar la insatisfacción de la ciudadanía por las explicaciones simplistas, «dando lugar incluso a sospechas de la existencia de un manto negro de encubrimiento».
Por lo pronto, la jefatura de la Policía Nacional ordenó el cierre en horario nocturno de las instalaciones con poco personal, ubicadas en la considerada zona roja por la presencia del EPP y el narcotráfico y su concentración en aledañas.
Una medida similar fue ordenada después de que el 21 de septiembre de 2011 una subcomisaría en aquellas áreas sufrió un ataque a tiros, con saldo de dos víctimas mortales.
