El jefe de policía de la zona metropolitana de Phoenix se hizo de una reputación al desafiar a todos los que decían que no era su trabajo aplicar las leyes migratorias. Pero la testaruda postura de Joe Arpaio comienza a salirle cara, y los contribuyentes quizá tengan que pagar la cuenta.
Arpaio sabrá durante la audiencia que comenzará el jueves si enfrentará multas civiles por desobedecer las órdenes del juez en un caso de discriminación racial o si será llamado a una corte penal en los mismos términos, informa The Associated Press.
Para mediados del próximo año, el condado de Maricopa habrá gastado 125 millones de dólares defendiendo a Arpaio de demandas durante sus seis mandatos y 22 años en el cargo. Eso incluye 50 millones de dólares en el caso de discriminación y 74 millones en fallos, acuerdos y gastos legales para la jefatura de policía, cubriendo temas que van desde demandas por muertes en sus cárceles hasta las fallidas investigaciones a sus adversarios políticos. La reanudación esta semana de las audiencias que comenzaron en abril podría engordar la cuenta.
«¿Qué tanto debemos gastar por las acciones del sheriff antes de que haya una indignación pública?», dijo el supervisor del condado de Maricopa, Steve Gallardo, un añejo detractor de Arpaio que trabaja en la junta que aprueba el gasto de fondos de los contribuyentes en el caso de discriminación.
Los gastos de los contribuyentes no han mermado lo suficiente la popularidad de Arpaio como para quitarlo del cargo. Su fuerza política ha disminuido con los años, pero su devota base de seguidores y su impresionante capacidad de recaudación lo han ayudado a salir avante. Gastó 8 millones de dólares durante su campaña de reelección de 2012 y ya tiene 2 millones a la mano para la contienda el año entrante por un séptimo término.
Las audiencias de desacato de esta semana se enfocarán en la desobediencia por parte de Arpaio a las órdenes de la corte al retener registros de las detenciones de tránsito solicitadas antes de un juicio de 2012 por discriminación.
Desacato criminal
Otros temas a examinar en las audiencias incluyen acusaciones de que los agentes de Arpaio se quedaron con identificaciones y artículos personales incautados a las personas durante detenciones de tránsito, investigaron al juez que llevaba el caso de discriminación en un intento fallido de descalificarlo, y efectuaron redadas migratorias durante 18 meses luego de que se le ordenó su suspensión.
No hay un rango fijado de las posibles multas que Arpaio podría recibir como resultado de las audiencias. La decisión está en manos del juez federal de distrito, Murray Snow, quien podría exponer al sheriff a tiempo en prisión o incluso más multas en caso de que recomiende a la fiscalía presentar cargos de desacato criminal en su contra.
This helps restore and boost the natural functioning of nitric oxide in levitra online order the body. This ingredient also promotes testicular health, see this link now tadalafil overnight delivery increasing sperm production and reducing stress. When the flow cialis tadalafil generic of blood is not proper a man tends to face erectile dysfunction. One significant effect of this condition is that you lose your natural potency after making tablets as the only pill in the treatment of baldness in most men. cialis properien on sale here Sin embargo, los expertos señalan que es poco probable que un juez encarcele a un funcionario electo de 83 años en la sexta ciudad más grande del país.
El juez ha indicado que quiere que las sanciones por desacato en contra de Arpaio incluyan multas que pague de su propio bolsillo. Las autoridades del condado no creen que Arpaio haya pagado personalmente ningún gasto legal para defenderse en demandas relacionadas a su trabajo como jefe de policía.
Latinos perjudicados
Arpaio tiene un sueldo anual de 100 mil dólares como jefe de policía y es dueño de bienes raíces comerciales con valores superiores a los 2 millones de dólares.
El sheriff y su abogado, John Masterson, no comentaron sobre las próximas audiencias o el incremento de los gastos de contribuyentes derivados del caso.
Existe otra responsabilidad legal referente a las audiencias que pudiera costarle incluso más dinero a los contribuyentes.
Se prevé que el juez decida si el condado de Maricopa debe compensar a los conductores y trabajadores latinos que fueron detenidos por instrucciones de Arpaio en los 18 meses en los que su oficina violó la prohibición de los patrullajes migratorios.
Los abogados que presentaron el caso contra el sheriff señalan que intentan localizar a cientos de latinos que se cree resultaron perjudicados por las detenciones ilegales.
Es previsible que la cuenta de los contribuyentes siga creciendo hasta que la jefatura de policía se encuentre en total cumplimiento de los cambios ordenados por la corte durante tres años consecutivos.
