En México los controles ambientales menos estrictos que en Estados Unidos han generado, en la última década, un aumento en el número de empresas recicladoras de baterías de plomo-ácido, las cuales se han instalado en la frontera norte del país. De 2004 a 2011 las exportaciones de ese tipo de materiales se incrementaron en promedio 500 por ciento, generando preocupación respecto a la posibilidad de que se creen paraísos contaminantes en esa región.
Desde 2013 el secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental, que forma parte del acuerdo de cooperación en la materia de América del Norte, incluido en el Tratado de Libre Comercio, realizó una serie de recomendaciones, las cuales, de acuerdo con organizaciones como Fronteras Comunes, siguen sin cumplirse.
La directora de Fronteras Comunes, Marisa Jacott, señaló que a la fecha el único avance en lo que se refiere a la protección del medio ambiente es la emisión de la norma oficial NOM-166-Semarnat-2014, para el control de emisiones atmosféricas en la fundición secundaria de plomo.
No obstante, y a pesar de que consideró que es un primer paso, dijo que los efectos de esta norma comenzarán a notarse hasta dentro de cuatro años, cuando los niveles máximos de emisión de plomo pasen obligatoriamente de 14 a dos miligramos por metro cúbico.
En materia de protección ambiental, México es el primer país en desarrollo que anuncia compromisos voluntarios de reducción de emisión de gases de efecto invernadero.
En marzo pasado comunicó al secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático —que realizará en diciembre la COP-21, en Francia—, su compromiso voluntario para reducir 25 por ciento la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero; una reducción de 22 por ciento en las emisiones directas de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorocarbonados, con respecto a la línea base o el crecimiento tendencial de las actividades productivas de servicios urbanos que lo generan.
También la reducción de 51 por ciento de emisiones de partículas negras de hollín, cuyo potencial de calentamiento global en el corto plazo puede ser hasta tres mil 200 veces superior al bióxido de carbono.
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En las conclusiones del estudio «¿Comercio peligroso?», presentado en 2013, el secretariado estima que de 2004 a 2011 las exportaciones de baterías de plomo-ácido usadas de Estados Unidos a México aumentaron entre 449 y 525 por ciento.
En el texto se indica que la mayor parte del incremento de las exportaciones de estos materiales a México se atribuye al aumento de las actividades empresariales y la gestión de la cadena de abasto de Johnson Controls Inc, con sede en Estados Unidos y diversificada mundialmente, la cual centró sus operaciones en el país tras el endurecimiento de las normas ambientales en territorio estadunidense.
La empresa Johnson Controls, propietaria de la marca de acumuladores LTH, señaló que actualmente su planta de reciclaje cuenta con un «proceso verde» certificado, por medio del cual 100 por ciento de sus desechos sólidos generados en el proceso de fundición son considerados no peligrosos.
En 2004 dicha empresa adquirió la planta de fundición Ciénega, en el municipio del mismo nombre en Nuevo León, y comenzó a enviar baterías generadas en Estados Unidos y México a ese establecimiento para su reciclaje.
Adicionalmente, en 2011 abrió una segunda planta de fundición en el municipio de García, en el área metropolitana de Monterrey. De acuerdo con información de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, en 2011 las operaciones de Johnson Controls en Ciénega dieron cuenta de 43 por ciento de todas las exportaciones de baterías a México, en tanto que las de García representaron 31 por ciento.
El restante 26 por ciento de las exportaciones autorizadas de baterías de plomo generadas en Estados Unidos eran enviadas en ese momento a siete instalaciones de Nuevo León, Baja California y Tamaulipas, las cuales importaron 100 mil 669 toneladas en 2011.
El cálculo realizado por el secretariado señala que en 2011, entre 12 y 18 por ciento de todo el plomo de baterías generadas en Estados Unidos se recicló en México, y que entre 30 y 60 por ciento del total de éstas provinieron de aquel país.
El secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental explicó que emprendió la elaboración del estudio «en respuesta a una preocupación general en el sentido de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte puede dar pie a una competencia o estandarización a la baja, así como a la creación de los llamados paraísos de contaminación».
Señala que también hay preocupación respecto a que las baterías de plomo-ácido usadas, generadas en Estados Unidos, se estaban exportando a México para reciclaje, «con el propósito de evitar los costos por concepto de cumplimiento de leyes ambientales y de protección a la salud más estrictas que imperan en Estados Unidos».
Indicó que había inquietudes a raíz de que Estados Unidos elevó en 2008 sus estándares por el plomo en el ambiente, pues se registró un incremento de las exportaciones de baterías a México.
El documento señala que en 2011 en Estados Unidos ocho empresas operaban 15 fundidoras secundarias de plomo que ese año produjeron un estimado de un millón 200 mil toneladas de plomo reciclado, también denominado plomo secundario.
En México habían 25 estaciones de fundición secundaria autorizadas, que contaban con una capacidad aprobada para reciclar un millón 330 mil 171 toneladas de baterías. Destaca que, aunque no se disponía de cifras confiables sobre la producción de plomo secundario en México, fuentes de la industria en el país y en Estados Unidos calcularon que numerosas instalaciones mexicanas operaban a menos de 50 por ciento de su capacidad permitida, y por ello México podría estar produciendo 401 mil 151 toneladas de plomo al año.
«En Estados Unidos y Canadá las normas ambientales, cada vez más estrictas, han producido mejoras continuas en términos de tecnologías y prácticas. Los requisitos de desempeño ambiental cada vez más rigurosos han aumentado los costos de capital y contribuido a la consolidación y eficacia de los sectores de fundición secundaria y reciclaje de baterías. Esos cambios no han ocurrido en la misma medida en México», indicó el texto.
Las recomendaciones
El secretariado emitió una serie de recomendaciones, entre las que destaca el que Canadá y México deben comprometerse a lograr en la industria de la fundición secundaria de plomo niveles de protección ambiental y de la salud equivalentes a los de Estados Unidos.
«Con este aumento en los umbrales de protección en América del Norte a niveles equivalentes se evitará la creación de paraísos de contaminación y se reforzará la protección ambiental y de la salud pública».
También se sugirió aumentar las iniciativas en materia de legislación aplicable a la exportación e importación de baterías de plomo-ácido usadas; llenar vacíos en cuanto a información y desempeño, y establecer un sistema integral de monitoreo de emisiones de plomo de las fundidoras secundarias; también garantizar la disponibilidad de información precisa y comparable sobre emisiones de plomo por parte de Canadá, México y Estados Unidos.
Adicionalmente, respaldar prácticas óptimas y apoyar a México para la promulgación de leyes que establezcan un programa integral de gestión de baterías, en el que se exija que el intercambio y reciclaje se realice exclusivamente en los establecimientos con mejor desempeño e impulso a la cooperación regional, así como la asistencia técnica a través de las fronteras.