El crimen organizado ha demostrado tener capacidad de involucrarse en sectores políticos y productivos como la minería, ganadería, agricultura, hidrocarburos y otros negocios asentados en paraísos fiscales. Especialistas en el tema no dudan que ante un eventual “negocio del agua” en México, el narcotráfico participe, pues necesita de este recurso para la siembra o producción de drogas que muchas veces se realiza en zonas aisladas.
Organizaciones civiles y la oposición en la Cámara de Diputados han insistido que el dictamen aprobado de la Ley General de Aguas Nacionales tiene como objetivo privatizar el líquido y su red de distribución. Lo cual, aseguraron expertos, tendrá como consecuencia que se convierta en una mercancía que no estará al alcance de todos, sino sólo del “mejor postor”.
La química María de las Nieves Carbonell León, quien trabajó en la Auditoría de Seguridad Industrial y Ambiental de Petróleos Mexicanos (Pemex), explicó que actualmente no existe un sistema de seguridad que impida que sean contaminados ríos, lagos o la red de distribución de agua, por tal motivo no le sorprendería que en el futuro criminales puedan incluso ordeñar agua, como se hace con la gasolina.
Análisis de colectivos destacan que la Nueva Ley General del Agua limita el derecho al agua a 50 litros por persona de manera prorrateada, es decir, con tandeos. Así lo establece el artículo 10 y 49 del dictamen.
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*La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales planteó que la cantidad promedio de agua disponible en México al año es de 476 kilómetros cúbicos (km3).
*Del total de agua disponible 84% escurre superficialmente y el resto se incorpora a los acuíferos (16 por ciento). La capacidad de almacenamiento de agua en México es de 150 km3; es decir, tan sólo 37% del escurrimiento promedio anual en el país, mientras que más de 60 por ciento del agua que escurre se descarga al océano sin aprovechamiento.
*La DEA indicó en 2012 que en la economía mexicana existe un excedente de entre 9 mil 200 y 10 mil 200 millones de dólares, que al final no justifican una fuente legítima.
