El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, devolverá el dinero de los impuestos que retiene a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) desde el pasado enero, presionado por unos organismos de seguridad que advierten de un posible deterioro de la situación en la zona.
«Debido al deterioro de la situación en Oriente Próximo, uno debe actuar con responsabilidad y las consideraciones pertinentes en la lucha decisiva contra elementos extremistas», señala una escueta nota de prensa de la Oficina del Primer Ministro en la que se informa de la decisión.
La oficina de Netanyahu, quien se encuentra en plena formación de gobierno después de su victoria en las elecciones del pasado día 17, reconoció que el primer ministro ha decidido aceptar con ello la recomendación del ministro de Defensa, Moshé Yaalón, del Ejército y del servicio secreto Shabak.
Estos advierten desde hace semanas de que la suspensión de lastransferencias mensuales del dinero recaudado han causado una sensación de frustración entre la población palestina, y han advertido de que la crisis económica puede desembocar en un nuevo alzamiento.
En las últimas dos semanas el Ejército israelí incluso ha realizado maniobras de gran alcance en Cisjordania en previsión de un año violento y como preparación para una ola de protestas que ya el próximo lunes podría tener sus primeros destellos en el llamado Día de la Tierra.
En esta jornada, que se conmemora todos los 30 de marzo desde 1976, la minoría palestina de Israel recuerda a los seis muertos civiles de unas manifestaciones contra la expropiación de tierras en el desierto del Négev y la Galilea. En los últimos quince años, los palestinos de Cisjordania y Jerusalén.
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Este han asumido la jornada como suya y suelen convocar concentraciones masivas ante puestos del Ejército israelí en territorio ocupado para expresar su rechazo a la expropiación y a la construcción de asentamientos judíos. En este contexto, la decisión de Netanyahu trata de calmar unos ánimos exacerbados por el parón del proceso de paz a principios de 2014 -el año que más víctimas palestinas se ha cobrado desde 1967 según un informe de la OCHA difundido el jueves- y alentados por la decisión palestina de solicitar el acceso a la Corte Penal Internacional (CPI).
Su ingreso, previsto para abril, puede exponer a altos mandos militares y gobernantes israelíes a demandas por crímenes de guerra, aunque también a líderes palestinos que sean sospechosos, directa o indirectamente, de ataques contra Israel.
Aún así, ya en enero, altos mandos israelíes advirtieron a Netanyahu de que la reacción de suspender las transferencias era un arma de doble filo y le instaron a tener en cuenta los elementos de juicio relacionados con la seguridad antes que los políticos.
El dinero, que supera los 2.500 millones de shékels (unos 637 millones de dólares o 572 millones de euros), corresponde a los impuestos y tasas de aduanas que Israel recaudó para la ANP en diciembre, enero y febrero, una facultad estipulada en el protocolo económico del Acuerdo de Oslo de 1994 y que Israel ha utilizado en varias ocasiones como medida de presión política.
La congelación del dinero ha vuelto a poner en aprietos las siempre débiles finanzas de la ANP, que debió aplazar pagos a proveedores y fraccionar el pago de salarios a sus funcionarios. El presidente palestino, Mahmud Abás, incluso recibió la recomendación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de suspender inmediatamente la cooperación de seguridad con Israel, lo que encendió todas las luces de alarma aunque la medida nunca llegó a ser aplicada.
El comunicado de Netanyahu destaca asimismo que la decisión de descongelar el dinero también ha tenido en cuenta «factores humanitarios» y «el grueso de los intereses israelíes en este momento». El Ejecutivo israelí ha adelantado que serán devueltos los impuestos acumulados hasta febrero y que de la suma global se deducirán las cantidades que la ANP adeuda a Israel por electricidad, agua y servicios médicos prestados a su población.
