Tres fiscales generales de Centroamérica expresaron el jueves su preocupación por un reciente anuncio del gobierno de Estados Unidos, en el que asegura que endurecerá sus acciones contra la Mara Salvatrucha (MS 13) y aumentará las deportaciones hacia El Salvador, Honduras y Guatemala.
«Hay una preocupación clara en cuanto a las deportaciones de personas, de supuestos pandilleros, que pudieran existir para los tres países», afirmó el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, en una conferencia de prensa durante sesión ordinaria del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos del Sistema de Integración Centroamericana.
Meléndez dijo que recientemente los fiscales de los países que forman el Triángulo Norte de Centroamérica se reunieron con el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, con quien entre otros temas de seguridad abordaron el problema de las pandillas.
El salvadoreño habló a nombre de sus colegas de Honduras y Guatemala y dijo que ellos ya preparan un plan para enfrentar el problema, pero señaló: «en el caso de El Salvador ya debiera de tenerse una estrategia clara de cómo se va hacer el abordaje de este fenómeno para recibir más personas, pero eso es una responsabilidad del gobierno».
Por su parte, el jefe del ministerio Público de El Salvador señaló que la preocupación de los países del Triángulo Norte sobre el tema obedece a que las pandillas ya producen altos niveles de violencia en sus territorios, que podrían aumentar a causa de las deportaciones. Destacó también que existe un trabajo coordinado en los tres territorios centroamericanos para combatir las pandillas y el narcotráfico y señaló que gracias al cruce de información fue posible la reciente captura en Guatemala de uno de los cabecillas de la Mara Salvatrucha, Pedro Benjamín Rivas Zelaya, alias «Snaiper».
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Rivas Zelaya era uno de los 100 fugitivos más buscados en El Salvador y es señalado de pertenecer a la Mara Salvatrucha y a su organización líder, denominada La Federación. Esta última es una nueva estructura de la Mara, que junto con la llamada «ranfla» integra las instancias que manejan el accionar delictivo de sus bases. Los miembros de La Federación son cabecillas en libertad, mientras que los de la ranfla son cabecillas presos.
Meléndez precisó que tiene información sobre más pandilleros salvadoreños en Guatemala y que miembros guatemaltecos también se movilizan en su país y —en menor grado— en Honduras. Según el fiscal, en los tres países podría existir tráfico de drogas y de armas. Muchas de éstas se han decomisado, «incluso armas largas privativas de la Fuerza Armada», agregó.
La Federación que maneja las finanzas de la Mara Salvatrucha ha intentado comprar armas del cártel mexicano de Los Zetas y la organización del Chapo Guzmán, según denuncias de las autoridades salvadoreñas.
Las pandillas que tienen presencia en barrios y colonias populares de todo el país están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, extorsionan y cobran renta a comerciantes y empresarios del transporte y asesinan a los que se niegan a pagar.
Estados unidos calificó a la Mara Salvatrucha como una organización criminal transnacional y en agosto de 2015 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró que las pandillas y quienes las apoyan o financian son terroristas. Según las autoridades de Seguridad Pública, las pandillas que tiene presencia en barrios y comunidades populares están integradas por más de 70.000 jóvenes y adultos y son los responsables de la mayoría de los crímenes cometidos en el país. AP
