Más de la mitad de las escuelas de educación básica que están en zonas de alta marginación del país no cuentan con servicios como agua potable, drenaje y energía eléctrica y los responsables de reparar estas carencias serán los maestros, directivos y padres de familia y estudiantes de las mismas, con dinero que les entregue el Gobierno Federal y los gobiernos estatales de manera directa.
Un diagnostico de servicios básicos elaborado por autoridades federales presentado ayer en la conferencia presidencial matutina detalla que 48% de los complejos educativos de esta zona no cuentan con servicio de agua potable, 78% operan sin drenaje y 21% sin energía eléctrica.
A través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) integrados por maestros, directivos, padres de familia o tutores y estudiantes de educación básica a partir de cuarto grado de primaria, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los de cada entidad del país destinarán los recursos necesarios para la construcción, mantenimiento, equipamiento y gastos fijos de los planteles de educación básica a las comunidades escolares.
Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, informó ayer que hasta el momento se han constituido 25,236 CEAPs, de los cuales 84.8% ya cuentan con recursos.
En la primera fase de este programa se tiene planeado destinar 21,407 millones de pesos, que representa 50% de recursos federales y el resto por las entidades federativas, en 103,268 planteles aunque hasta la fecha ya se han cubierto 26,210 de ellos.
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Dudas en la entrega de recursos
Sin embargo, estas medidas que emanan de modificaciones legales integradas en la Reforma Educativa aprobada en 2019 han sido criticadas por especialistas en la materia al considerar que en la mayoría de los casos el mantenimiento o equipamiento de planteles educativos requiere conocimientos técnicos, además de que no existe certeza en torno a los mecanismos en los que se asegure el buen uso de los recursos.
El artículo 106 de la Ley General para la Educación establece que estos comités, integrados por la comunidad educativa, tendrán recursos anuales para apoyar a la dignificación de los planteles educativos y “la paulatina superación de las desigualdades entre las escuelas del país”.
El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativo (Inifed) era el órgano encargado de administrar los recursos y lineamientos para la infraestructura y mantenimiento de los planteles, misma que desapareció con esta nueva ley. Forbes México
