El gobierno de Argentina fijó en 68.842 millones de dólares el monto de deuda con acreedores privados sobre el que buscará negociar quitas y nuevos vencimientos, según un decreto publicado este martes en el boletín oficial con el que abre formalmente el proceso.
Se trata de la porción de deuda emitida en bonos bajo legislación extranjera en dólares, euros y yenes. Incluye títulos emitidos durante el gobierno del liberal Mauricio Macri (2015-2019) y otros lanzados tras los canjes de deuda de 2005 y 2010.
El Ministerio de Economía quedó habilitado con ese decreto a realizar todas las operaciones legales sobre esas acreencias.
Argentina debe presentar a fines de marzo su propuesta de reestructuración de deuda a los acreedores, según el cronograma establecido por la cartera de Economía.
El decreto se publicó un día después de una importante caída en la Bolsa de Buenos Aires, con una baja de 13,75% en el índice Merval, y pérdidas de cerca de 15% en los bonos argentinos que cotizan en Nueva York. Este martes, la Bolsa recuperó 4,70% a la apertura.
El índice de riesgo país, que mide el banco JP Morgan, se ubicó por encima de los 2.700 puntos, su nivel más alto en 15 años.
– Inversores reacios al riesgo –
«El panorama internacional signado por el shock del coronavirus y del petróleo no configuran un clima propicio para llevar adelante una negociación de (una) envergadura como la de Argentina», advirtió en declaraciones a la AFP el economista Nery Persichini, jefe de Estrategia de GMA Capital.
Para Persichini, «una prórroga (para la presentación de la propuesta argentina) no luce como (algo) descabellado a la luz de los acontecimientos internacionales», y señaló que «la búsqueda de alternativas de riesgo no figura en el menú inversor por estos días, más bien lo contrario».
Los pagos de capital e intereses que deberá realizar Argentina en 2020 ascienden a unos 34.300 millones de dólares, de los cuales 4.300 millones corresponden a bonos bajo legislación extranjera.
«Los vencimientos más acuciantes durante 2020 son mayormente de deuda (bajo) ley local (especialmente en pesos), no en dólares de deuda de legislación extranjera. Ante una propuesta apresurada y agresiva, los tenedores de bonos tendrían incentivos a esperar y, eventualmente, litigar», señaló Persichini.
– «Deuda insostenible» –
El gobierno del presidente Alberto Fernández, que asumió en diciembre pasado, considera que la deuda argentina es insostenible y ha insistido en pedir que se permita al país crecer para poder cancelar sus deudas.
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Fernández ha reiterado que un acuerdo de reestructuración de la deuda debe «ser sostenible» y que esa condición es «innegociable», pues «no hay peor alternativa que la austeridad fiscal en las recesiones».
Argentina se encuentra en recesión desde 2018, con alta inflación (53,8% en 2019) y aumento de la pobreza y del desempleo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) también estimó que la deuda argentina es «no sostenible».
La autorización para que el Ministerio de Economía actúe sobre estos bonos alcanza a los tribunales de Nueva York, Londres y Tokio, según el decreto.
Argentina declaró en 2001 una cesación de pagos por más de 100.000 millones de dólares y estuvo fuera de los mercados internacionales hasta 2015, cuando asumió Macri y llegó a un arreglo con los últimos fondos especulativos que demandaban al país.
– Equipo de bancos y agente financiero –
La semana pasada el gobierno argentino designó al Bank of America y al HSBC como los entes encargados de la colocación de la deuda, en el marco de la ley de «Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública» aprobada hace pocas semanas por el Congreso.
Además, escogió a la banca de inversión Lazard como asesor financiero y a la compañía Morrow Sodali como agente de información para el proceso.
Las acreencias con bonistas privados ascienden a 121.979 millones de dólares (35,9% del PIB). Ya el año pasado, al final del gobierno de Macri, Argentina reperfiló bonos emitidos bajo legislación nacional, postergando sus vencimientos.
La deuda con los organismos bilaterales y multilaterales es de 72.679 millones (21,4% el PIB), de los cuales 44.000 millones corresponden a un préstamo stand by suscrito con el FMI en 2018 en medio de una crisis monetaria.
Ese crédito ascendía en total a 57.000 millones de dólares, pero Fernández rechazó recibir de parte del FMI los últimos tramos pendientes. AFP
