El ex presidente de Cataluña Artur Mas, será juzgado por organizar en 2014 una votación simbólica sobre la independencia, un aviso para su sucesor, Carles Puigdemont, que prometió un referéndum vinculante en un año.
En el auto de apertura del juicio oral publicado este jueves, el juez instructor de Barcelona José Francisco Valls entiende que Mas podría haber cometido delitos de desobediencia grave y prevaricación al impulsar esta consulta el 9 de noviembre de 2014, que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.
A pesar de esta prohibición, la consulta se celebró igualmente gracias al impulso del Gobierno y a la colaboración de miles de voluntarios independentistas.
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Unos 2,3 millones de personas votaron de un censo aproximado de 6 millones y un 80% apostó por la secesión.
Según el juez instructor, Mas «articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional» siendo «plenamente consciente de que con ello quebrantaba el obligado acatamiento» a este tribunal.
Junto al expresidente catalán (2010-2016), para quien la fiscalía reclama diez años de inhabilitación para cargos públicos, se sentarán como «cooperadoras necesarias» su vicepresidenta, Joana Ortega, y la conseller de Educación de su Gobierno, Irene Rigau.
Ortega fue la responsable del dispositivo electoral, mientras que Rigau permitió la apertura de escuelas para convertirse en centros de votación. La fiscalía reclama para ellas nueve años de inhabilitación.
Los tres, que eran investigados desde finales de 2014, serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El juez instructor, en cambio, acordó archivar el presunto delito de malversación, que querían incluir las acusaciones particulares reclamando hasta seis años de prisión para Mas.
También se investiga al entonces portavoz del Ejecutivo, Francesc Homs, aunque su caso lo lleva el Tribunal Supremo por ser diputado en el Congreso.
La decisión supone un aviso para el actual presidente catalán, Carles Puigdemont, que pretende seguir los pasos de su antecesor convocando en septiembre de 2017 un referéndum de autodeterminación con o sin el aval del Gobierno central, de quién depende la convocatoria de plebiscitos.
A diferencia de entonces, quieren que la votación sea vinculante y, en caso de ganar el «sí» a la secesión, declarar la independencia de esta región nororiental, la más rica de España y la segunda más poblada, con 7,5 millones de habitantes.
El lunes, en una conferencia en Madrid, Puigdemont se mostró dispuesto a negociar las condiciones de la votación con el Gobierno central e incluso la «fecha», lo que supone que estaría dispuesto a postergarla.
Pero si no fuera posible, lo convocaría a través del Parlamento catalán, donde los independentistas tienen mayoría absoluta desde septiembre de 2015.
Esta opción infringiría la legalidad española y toparía con un problema de credibilidad, dado que, como ya ocurrió en 2014, los contrarios a la secesión difícilmente participarían en la votación, lo que restaría legitimidad al resultado.
En una entrevista publicada este jueves en la revista FDiIntelligence, del grupo Financial Times, Mas aseguró que si el Gobierno central no permite el referéndum, «lo sustituiremos por unas elecciones» como las celebradas en 2015 y que dieron mayoría absoluta de escaños pero no de votos (47,8% del total) al independentismo.
Su mensaje muestra las discrepancias dentro del partido de Carles Puigdemont sobre la estrategia a seguir para alcanzar su objetivo de independencia.
El actual presidente descartó ante el Parlamento catalán unos nuevos comicios y aseguró que la única salida al conflicto sería un referéndum pactado o un referéndum unilateral. AFP
