El presidente Barack Obama endureció este su postura hacia Venezuela al anunciar un paquete de sanciones que incluyen remoción de visas y bloqueo económico contra funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
El presidente sustentó su decisión a través de una Orden Ejecutiva en la que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, dada la crisis política y de derechos humanos que azota a esta nación suramericana.
Desde hace veinte años un gobierno estadounidense no empleaba esta medida, cuando la administración de Bill Clinton aseguró que Colombia representaba una amenaza por el narcotráfico y el conflicto interno.
Según el mandatario, la situación causada por el Gobierno de Venezuela incluye la erosión de los derechos humanos, la persecución política, el control a la libertad de prensa, el uso de violencia para responder a las protestas antigubernamentales y los arrestos arbitrarios contra manifestantes.
De igual forma, “la creciente corrupción política constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE. UU. Por lo tanto, decreto una emergencia nacional para enfrentar esa amenaza», dijo el presidente en su orden antes de enumerar las sanciones. (Lea: Dos años sin Chávez y Venezuela sigue desplomándose)
En el texto, Obama también le pide al Gobierno de Maduro liberar de inmediato «a todos los presos políticos, incluidos docenas de estudiantes y al líder de la oposición, Leopoldo López».
En un comunicado paralelo, la Casa Blanca dijo que las sanciones no están dirigidas contra el pueblo venezolano y aprovechó el momento para resaltar que Estados Unidos «ha decidido interactuar con todas las naciones de las Américas (alusión directa al restablecimiento de relaciones con Cuba), mientras Caracas ha optado por ir en la dirección contraria».
La decisión de Obama emana del Acto para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela, una ley aprobada por el Congreso de EE. UU. a finales del año pasado en la que le ordenaban imponer castigos contra el régimen de Maduro. (Vea también: Así está el chavismo, tras dos años de la muerte de su máximo líder)
Aparte de la cancelación de los visados a Estados Unidos de siete altos cargos militares y policiales venezolanos, las sanciones implican la congelación de cualquier bien que tengan en territorio estadounidense y la orden al sistema bancario del país norteamericano para que se abstenga de realizar transacciones económicas con ellos.
En general, las sanciones son idénticas a las que prevé la llamada Lista Clinton, usada por Washington para castigar a narcotraficantes y terroristas y que es administrada por el Departamento del Tesoro.
Otras medidas que ha tomado EE. UU. contra Venezuela
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En lo que va de la administración Obama, esta es la cuarta vez que se aplican sanciones directas contra funcionarios venezolanos.
La primera fue en el 2011 cuando incluyó en la Lista Clinton a tres militares venezolanos por sus nexos con las Farc.
Las otras dos fueron el año pasado -antes de que el Congreso aprobara la nueva ley- y solo incluyó la remoción de visas para algunos funcionarios del gobierno Maduro a los que no identificaron abiertamente.
En esta ocasión, el tono de las sanciones es mucho más severo; a diferencia de las pasadas, estas vienen con dientes.
No solo porque señala al Gobierno como la raíz del problema, sino por que decreta una especie de «muerte financiera» para los implicados. (Además: Venezuela oficializa la solicitud de visado para estadounidenses)
Aunque es poco probable que los sancionados tengan bienes o cuentas bancarias en Estados unidos, su efecto es transatlántico, pues la orden de Washington castiga a cualquier entidad financiera que negocie con ellos y que a su vez tenga nexos con el sistema financiero de Estados Unidos.
Así mismo, la orden ejecutiva de Obama abre la puerta para que se incluyan en la lista a más personas o entidades.
La medida fue aplaudida por varios legisladores republicanos, entre ellos la representante Eliana Ross-Lehtinen que llevaba varios años abogando por fuertes sanciones contra el régimen de Maduro.
Los siete sancionados
Las nuevas medidas afectan directamente a siete miembros del Gobierno venezolano a quienes EE. UU. identifica con nombre propio: Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); Manuel Gregorio Bernal Martínez, exdirector de Sebin; Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela; Antonio José Benavides Torres, quien dirigió las operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela durante las protestas de 2014; Justo José Noguera Pietri, excomandante general de la GNB y actualmente presidente de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG);Katherine Nayarith Haringhton Padrón, fiscal responsable de la acusación contra el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; y el inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UFANB), Miguel Alcides Vivas Landino.
