Del ejercicio de la Ley de Auditoría Social que propuso el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Villegas Soto, se podrán derivar diagnósticos, conclusiones, propuestas, recomendaciones, iniciativas legislativas o de políticas públicas, así como quejas o denuncias administrativas o penales, según sea el caso.
“El propósito de esta Iniciativa es darle más poder a los ciudadanos para que tengan el derecho de auditar en qué se gastan el presupuesto los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; los municipios, órganos autónomos y las dependencias, así como cualquier ente que utilice recursos públicos, para prevenir y combatir actos de corrupción”, recordó el presidente de la comisión de Hacienda y Deuda Pública.
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El legislador agregó que si derivado de la Auditoría Social, se detectaran inconsistencias, conductas o hechos que pudieran ser constitutivos de delito o de infracción a normas administrativas, se presentará la denuncia o queja según sea el caso, ante la autoridad ministerial o administrativa competente, para que se proceda conforme a derecho.
