El Senado de la República aprobó, por unanimidad de 109 votos, la ley nacional de extinción de dominio, encaminada a golpear el brazo financiero de la delincuencia organizada que, se calcula, maneja 50 mil millones de dólares por año.
Se reformaron diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y se incluyó dentro del catálogo de delitos en los que se aplicará la extinción de dominio, el robo de hidrocarburos, corrupción, delincuencia organizada, robo de vehículo, extorsión, trata de personas y delitos contra la salud.
En las modificaciones a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se crea el Instituto de Administración de Bienes y Activos, en sustitución del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y desecha el nombre de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, propuesto por el Ejecutivo Federal.
También se reformaron disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración, lo cual permitirá la venta y disposición anticipada de bienes incautados.
Además se crea un Fondo para la Reparación del Daño, que será integrado con el 10% del valor comercial del bien enajenado. Uno TV
