El gobierno y los rebeldes de Yemen, reunidos en Suecia en conversaciones de paz auspiciadas por la ONU, anunciaron este martes que crearon una lista de 15.000 prisioneros para preparar un intercambio.
El gobierno del presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, apoyado por Arabia Saudita, y los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, empezaron la semana pasada en Suecia una ronda de negociaciones para reanudar el diálogo, roto en 2016.
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Hasta ahora han fracasado todos los intentos de poner fin a la guerra que ha dejado unos 10.000 muertos en cuatro años. Además la situación humanitaria en Yemen, el país más pobre de la península Arábiga, empeora día a día.
El acuerdo sobre el intercambio de prisioneros, impulsado por el enviado especial para Yemen de Naciones Unidas, el británico Martin Griffiths, era uno de los principales temas sobre la mesa de las negociaciones, pero también el que tenía menos divergencias entre los beligerantes.
Iniciadas el 6 de diciembre en la localidad de Rimbo, cerca de Estocolmo, las negociaciones concluirían el jueves. «Esperamos que estas negociaciones habrán constituido un giro» para la futura resolución del conflicto yemení, declaró el martes un responsable de la ONU, que requirió el anonimato.
– 15.000 nombres –
Askar Zaeel, negociador gubernamental para el intercambio de prisioneros, precisó que los rebeldes habían identificado a 7.487 prisioneros, de los que reclaman su liberación. El gobierno pide la excarcelación de 8.576 detenidos.
Zaeel precisó a la AFP que el gobierno también exigía a los rebeldes la entrega del cuerpo del ex presidente yemení Ali Abdalá Saleh, asesinado en diciembre de 2017 por sus antiguos aliados hutíes.
Los rebeldes por su parte anunciaron, sin ninguna precisión, haber intercambiado con el gobierno una lista de 15.000 prisioneros de ambos bandos.
Según un negociador rebelde, Abdelkader Murtada, en la lista figuran sauditas y emiratíes. El intercambio podría efectuarse «el 20 de enero», añadió.
Los prisioneros serán trasladados a través de los aeropuertos de la ciudad de Seiyun (centro), controlada por el gobierno, y el de la capital, Saná, en manos de los rebeldes. El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que supervisaría el intercambio.
– Tregua improbable –
Entre otros temas que deben abordarse figuran la creación de corredores humanitarios y la reapertura del aeropuerto internacional de Saná y del puerto de Hodeida (oeste), por donde transita el 90% de las importaciones alimentarias de Yemen.
Martin Griffiths, representante de la ONU, afirma asimismo que trabaja para una desescalada militar, especialmente para aliviar a la población civil y reducir el cerco contra algunas ciudades, como Hodeida, donde se produce una ofensiva gubernamental, y Taez, en el suroeste, bajo control gubernamental pero asediada por los rebeldes.
El martes, Askar Zaeel consideró sin embargo que era improbable que se firmara un alto el fuego antes de que se terminen las conversaciones en Suecia.
«Venimos aquí para avanzar en un alto el fuego integral, completo. Pero creo que seremos incapaces de conseguir este avance durante estas conversaciones», declaró el representante del gobierno yemení.
Un responsable de la ONU confirmó el martes que se había sometido a las dos partes una hoja de ruta «política», pero sin dar detalles.
En septiembre, las negociaciones de paz quedaron bloqueadas por el rechazo de los hutíes a viajar a Ginebra sin garantías sobre su viaje de vuelta a Saná y sobre la evacuación de los rebeldes heridos.
Pero esta vez sí participaron gracias a la evacuación en diciembre de 50 rebeldes heridos hacia Omán, y también al acuerdo preliminar sobre el intercambio de prisioneros.
Las imágenes de devastación provocadas por los ataques aéreos de una coalición militar progubernamental, liderada por Arabia Saudita desde 2015, y las de la crisis humanitaria convencieron a las grandes potencias de la necesidad de acelerar una solución al conflicto.
La ONU señaló el lunes que necesita 4.000 millones de dólares para suministrar ayuda humanitaria en 2019 a unos 20 millones de yemeníes, cerca de un 70% de la población. AFP
