El arranque de la Primera Ronda de licitaciones de la Reforma Energética en 2015 expuso el interés que diferentes ex servidores públicos de alto nivel tienen ahora, desde la iniciativa privada, en el recién abierto negocio mexicano de los hidrocarburos.
Un ejemplo de esta práctica denominada por los académicos como uso de “la puerta giratoria” entre el sector público y el privado es el de Carlos Morales Gil, director de la oficina de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) hasta febrero de 2014, considerado uno de los ex funcionarios mejor informados sobre la localización de los energéticos que le quedan al país y, desde febrero de 2015, parte de Controladora Petrobal, la nueva compañía petrolera de Alberto Bailléres, dueño de una las mayores fortunas de México.
Con esta nueva empresa y con Morales Gil, Bailléres –también propietario de la minera Peñoles y de las tiendas Palacio de Hierro– entró con el pie derecho a la naciente industria del petróleo y, el pasado 30 de septiembre, en el segundo paquete de licitaciones de la Ronda Uno, obtuvo su primer contrato para la extracción en hidrocarburos en aguas someras del sureste mexicano.
Antes, el nombre de Salvador Beltrán del Río, que fue comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) hasta 2012 y director de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía (Sener) de 2003 a 2007, apareció también entre los consejeros de la igualmente nueva compañía petrolera mexicana Sierra Oil and Gas que, el 15 de julio, se convirtió en la ganadora de los primeros contratos para la exploración y extracción de petróleo de toda la Reforma Energética. Dos días después, el periódico Reforma publicó que una de las empresas financiadoras de Sierra Oil and Gas, denominada Infraestructura Institucional, estaba presidida por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Incluso el Presidente Vicente Fox Quesada entró a participar como consejero de la también nueva compañía Energy and Infraestructure Mexico (EIM) Capital y, el pasado mes de septiembre, anunció una fusión con la firma especializada en fractura hidráulica, o fracking, American Energy Partners, con la cual, se informó en un boletín oficial, buscaban explorar el potencial económico de los recursos de gas y petróleo mexicanos.
“Esta es una gran oportunidad para la producción de energía mexicana. Buscamos trabajar estrechamente con el Gobierno mexicano para avanzar en este proyecto monumental y mejorar la actual política energética de México”, dijo el ex Presidente Fox, citado en el comunicado de la agencia especializada PR Newswire que reportó la unión de las empresas.
Otra compañía caracterizada por la presencia de ex funcionarios gubernamentales en su consejo directivo y ahora beneficiada por la ampliación de la oferta de negocios en la construcción de obras para almacenamiento y transportación de gas es Infraestructura Energética Nova, o Ienova, socia además de Pemex en la multimillonaria construcción de la primera fase del gasoducto Los Ramones, ubicado en la frontera de Tamaulipas y Nuevo León.
En julio pasado, Ienova anunció que había comprado el 50 por ciento de las acciones que Pemex tenía en la firma Gasoductos de Chihuahua, poseedora de Los Ramones. Y, ese mismo mes, Ienova ganó también la licitación para la construcción de un gasoducto en Juárez, Chihuahua –entre San Isidro y Samalayuca– que se sumará a otro que construye en ese estado.
Presidida por Carlos Ruiz Sacristán –ex Secretario de Comunicaciones y Transportes y ex director de Pemex en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León–, Ienova tiene en su consejo de administración también al ex Embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, consejero a su vez de otras firmas interesadas en los negocios de la apertura económica en México; así como al ex subsecretario de Transportes desde 1994 y hasta 2006, Aarón Dychter Poltolarek, también dueño de la consultora Adhoc.
Ruiz Sacristán es asimismo parte de la directiva de Souther Cooper Corporation, minera propiedad del mexicano Germán Larrea Mota Velasco; y, hasta octubre pasado, consejero de la filial mexicana de la constructora española OHL, empresa que fue noticia a lo largo de 2015 por la difusión de diversos audios en los que se le involucra en tráfico de influencias para la obtención de contratos gubernamentales.
Las presuntas conversaciones –por cuyo espionaje la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación– han mencionado incluso al hoy director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, también consejero de OHL hasta 2012. El audio que lo involucra fue difundido en Youtube el pasado 27 de noviembre, e indica que Lozoya Austin habría gestionado un encuentro entre funcionarios de OHL con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, para que la empresa se quedara con la construcción, precisamente, de la planta de ciclo combinado en Empalme, Sonora –gestión que fue negada por los mencionados.
Ienova es, además, la filial en México de la empresa norteamericana Sempra Energy, en cuyo consejo de dirección participa desde 2006 Luis Téllez Kuénzler, ex Secretario de Energía y de Comunicaciones y Transportes –entre otros cargos públicos– e integrante de la administración de diferentes firmas mexicanas y multinacionales.
En abril de este año, Téllez Kuénzler fue nombrado consejero de la financiera norteamericana KKR, o Kolhberg Kravis Roberts & Co, una firma con presencia global y especializada en la atracción de capitales a través de activos como proyectos de infraestructura y energía. Al anunciar la designación, KKR hizo énfasis en el conocimiento que Téllez ha acumulado tanto en el sector público como en el privado en los últimos 20 años, y en el valor que su información representa para los inversionistas.
“Nos complace tenerlo como consejero en KKR. Tanto inversionistas y compañías en México están buscando socios que les ayuden a crecer y con sus objetivos de inversión, y Luis Téllez ofrecerá información valiosa que apoye estos esfuerzos y ayude a hacer crecer nuestra franquicia en México”, reportó KKR en un boletín del 14 de abril pasado.
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Antes que a Téllez, la misma KKR había contratado a otros ex funcionarios norteamericanos, como el ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), David Petraeus, y al ex jefe de asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Neil R. Brown, ambos también abiertos partidarios de la Reforma Energética mexicana.
“Si se implementa completamente, el extraordinario esfuerzo de reforma ayudará a liberar el excepcional potencial económico de México con el impulso a la productividad y un incremento a la confianza en México dentro y en el extranjero”, escribieron Petraeus y Brown, ya desde KKR, en el artículo “Milagro mexicano: productividad política”, publicado por el Houston Chronicle en 2014.
Varios factores propician en México el uso de la “puerta giratoria”. De acuerdo con académicos, este tipo de ejercicio del poder se ha intensificado a partir del proceso de apertura económica que ha conducido a la concentración de riqueza e información, así como en el contexto de la transición política que, en 2000, por ejemplo, dejó a varios priístas fuera de la administración pública federal.
Así, explicó el académico Carlos Alba Vega, investigador del Colegio de México (Colmex) y experto en la relación Estado-empresarios, la experiencia de los ex servidores públicos, su conocimiento sobre la administración, los mercados, sus contactos y sus posibilidades de conseguir diferentes contratos gubernamentales los convirtieron en consultores o consejeros codiciables para la iniciativa privada.
“Todas esas características son muy apreciadas por las empresas por diversos motivos: ejercer presión sobre empresas que han tenido situaciones de monopolio en México, facilitar el acceso a los poderes ejecutivo y legislativo, obtener información estratégica, promover políticas públicas cercanas a sus intereses”, escribió Alba Vega en “El sector privado mexicano y las políticas públicas”, presentado en octubre pasado para un seminario.
“Este tránsito del sector público al privado, que es una práctica común en Estados Unidos y que ha influido en los ex funcionarios mexicanos, no existía en México y despertó resistencia y críticas por considerar que propicia situaciones de conflicto de intereses, por constatar que hay casos de varios funcionarios que se incorporaron a empresas privadas que habían sido previamente beneficiadas por ellos y por visualizar a los ex funcionarios públicos como agentes al servicio de grandes empresas y capitales en un país donde la desigualdad social es de las más grandes de América Latina”, agregó el texto.
Omar Escamilla Haro, integrante de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), planteó a su vez que el uso de la puerta giratoria en la industria de los hidrocarburos es tan intensa que, de acuerdo con una medición de la organización, hasta seis de los últimos nueve directores de Pemex han salido de la paraestatal para trabajar en empresas relacionadas con el sector energético.
Los especialistas explicaron también que este tipo de prácticas no sólo propician las circunstancias para que se generen problemas como conflictos de interés, el tráfico de influencias o el acceso a información privilegiada. El principal inconveniente para el interés público es que este tránsito entre los espacios público y privado reduce la representatividad de la mayor parte de población en la toma de decisiones por parte de los funcionarios de Gobierno.
“Este tipo de acciones aumentan la desconfianza de la sociedad ante el Gobierno y sus muchos de sus representantes”, dijo Alba a SinEmbargo en octubre pasado, consultado a propósito del caso de KKR.
“Despierta muchas sospechas y hace pensar que puede haber corrupción, cuando se descubre que esos funcionarios mexicanos no parecen representar los intereses de la sociedad en su conjunto, ni de México, sino ya desde sus puestos gubernamentales preparaban las condiciones necesarias para que los grandes intereses económicos sacaran provecho de las reformas, como la energética”, agregó.
En el mismo sentido se había pronunciado la también académica Alejandra Salas Porras, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien, en 2014, publicó el análisis “Las élites neoliberales en México: ¿cómo se construye un campo de poder que transforma las prácticas sociales de las élites políticas?”.
En el texto, publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, la investigadora advierte que el uso de la puerta giratoria “trastoca la relación” entre la ciudadanía y los integrantes de la administración pública.
“Las decisiones que toman las élites cuando se encuentran en funciones públicas no se hacen en términos de los intereses que deben servir, o para un proyecto de alcance nacional, sino más bien pensando en recompensas futuras y posiciones privadas en redes de poder nacionales e internacionales”, señaló.
