El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, decretó la noche del sábado estado de emergencia sin el necesario aval del Congreso, en un nuevo desafío del mandatario a los legisladores en medio de un creciente descontento social por las severas medidas que ha tomado para enfrentar la epidemia de coronavirus.
El decreto extiende por 30 días una ley de emergencia para enfrentar la epidemia, que luego de una prórroga en abril vencía la medianoche del domingo. El Congreso, con mayoría opositora, planeaba discutir una posible extensión el lunes por la tarde.
Sin embargo, el consejo de ministros se acogió a una ley de protección civil que permite al mandatario decretar emergencia si el Congreso no puede sesionar alegando que existe aún “riesgo” de propagación del virus. El Salvador registra 27 muertes y un total de 1,338 contagios.
La medida generó de inmediato cuestionamientos sobre su legalidad y acusaciones de diputados de oposición de que Bukele está excediendo sus facultades como presidente y la Fiscalía General advirtió el domingo que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema.
“Todos los Presidentes en la historia democrática de nuestro país, han tenido la facultad de declarar Estado de Emergencia y la han ejercido, sin aprobación legislativa”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter el domingo.
“¿Se le impedirá por primera vez, a un Presidente, ejercer esa facultad vital del Sistema de Protección Civil?”, añadió.
La medida amplía por 30 días la suspensión de clases, el tránsito en zonas afectadas por la pandemia, limita la concentración de personas y autoriza el manejo discrecional de fondos y compras para atender la emergencia.
Esta no es la primera vez que Bukele, de 38 años y quien asumió el poder en junio del año pasado, desafía los poderes del Estado para tratar de sacar adelante sus objetivos.
A inicios de febrero, militares y policías tomaron el salón de sesiones del Congreso para proteger al mandatario, quien buscaba presionar a los diputados para que le aprobaran un préstamo para seguridad, tras advertir que los ciudadanos tienen derecho a la “insurrección”.
En abril, Bukele advirtió que no cumpliría la orden de la Corte Suprema que impedía detener a quienes violaran la cuarentena domiciliar obligatoria impuesta el 21 de marzo.
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Eduardo Escobar, del centro de análisis Acción Ciudadana, dijo que Bukele quiere evadir el control del Congreso para la toma de decisiones y ha abierto la puerta para gobernar a través de decretos. “Este es un nuevo hecho que evidencia ese interés”, dijo Escobar a Reuters.
CACEROLAZO
Por quinta noche consecutiva, el silencio del confinamiento se rompió el sábado en la capital y alrededores con salvadoreños haciendo ruido con cacerolas, bocinas de automóviles, fuegos pirotécnicos y música en protesta por las medidas impuestas durante la emergencia, que aseguran han provocado pérdida de empleos.
“Estamos subsistiendo con fondos bastantes escasos y no hemos salido beneficiados de ninguna manera con los programas del gobierno”, dijo a Reuters Fabricio Benítez, músico de 26 años quien con el rostro cubierto con una mascarilla, salió el viernes a protestar tocando el himno salvadoreño con su viola.
Benítez, quien vive con sus padres y una hermana en un barrio popular en las periferias de San Salvador, dijo que su padre, un ingeniero de suelos, fue despedido hace un mes por incapacidad de pago de la empresa, cuyas operaciones fueron afectadas por la epidemia de coronavirus.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido 1,515 de denuncias por detenciones de personas que incumplieron la cuarentena, por falta de acceso a la salud y violación de derechos laborales.
Organismos de derechos humanos de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado su preocupación por el estilo de gobierno de Bukele.
“¿Qué haría un autócrata si el Congreso no le aprueba una ley? Dictaría un decreto. Eso acaba de hacer el joven caudillo salvadoreño (Nayib Bukele) con el estado de emergencia”, escribió en su cuenta de Twitter el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Vivanco. Reuters
