La noche del primero de agosto de 2014, un grupo armado atacaba a balazos las instalaciones de Radio Calentana, en Luvianos. La modesta comunidad de 27.000 vecinos está situada en el sur del Estado de México, limítrofe con Michoacán y Guerrero. Junto a la emisora se encontraba la vivienda de Indalecio Benítez, su director. Una bala alcanzó a su hijo Juan Diego, de 12 años. Murió en minutos. Después del suceso, el comunicador tuvo que abandonar Luvianos escondido en el maletero de un coche. Él y su familia se encuentran hoy desplazados. Dos adolescentes detenidos han reconocido que el ataque fue ordenado por el jefe de una célula del narcotráfico, que pretendía obligar a los locutores a emitir mensajes de apoyo al grupo criminal. El caso no se ha esclarecido aún y la historia es recurrente.
El año pasado fueron asesinados en México cinco periodistas, seis si se incluye al hijo de Indalecio. El informe Estado de censura, de la organización Article 19, revela que a lo largo de 2014 se documentaron 326 agresiones, solo cuatro menos que en 2013. De estas, en 142 casos los ataques fueron físicos, hubo 53 denuncias por intimidación y presión, 45 detenciones arbitrarias, 44 amenazas y 5 de difamación, entre otras.
Según el documento, el promedio de agresiones contra la prensa se ha duplicado durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, pasando de una cada 48 horas con Felipe Calderón (2006-2012) a una cada 26,7 horas. «Si queremos una democracia necesitamos libertad de expresión. Por eso, no hay nada que aplaudir», ha reclamado en la presentación del informe Darío Ramírez, director de Article 19 en México.
«La violencia contra la prensa ya no es solo un problema del norte de la República, hay agresiones en todo el país, se ha generalizado«, ha indicado el directivo. Los cinco Estados con más ataques a periodistas durante 2014 fueron el Distrito Federal (por los frecuentes altercados en las marchas de la capital), Veracruz (cuya situación ha provocado recientemente la retirada del certamen cultural Hay Festival), Quinta Roo, Guerrero y Oaxaca.
El documento presta especial atención a los medios en internet, con 12 atentados en el último año. Según el informe, el 48% de las agresiones contra la prensa fue cometida por funcionarios públicos, policías en su mayoría. La delincuencia organizada es responsable tan solo de un 2% de los ataques.
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La violencia contra mujeres periodistas también ha aumentado con respecto al año anterior, con 63 casos, un 20% más que en 2013. «Es un tipo de violencia diferenciada, con connotación sexual y ataques a la familia, a los hijos», dice el responsable de Article 19.
Los atentados con explosivos o armas de fuego son otra constante, 53 desde 2006. Las entidades más afectadas en 2014 fueron Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León, en el norte del país.
El acto de presentación del informe en la Ciudad de México contó con la presencia de la comunicadora Carmen Aristegui. «No estamos de acuerdo en que se silencien espacios, se persiga a periodistas, se les espíe…», ha asegurado al final del evento. La emisora en el que emitía su programa, líder de las mañanas y que había destapado el escándalo de la casa de la esposa del presidente, decidió despedirla hace una semana en medio de una fuerte polémica. «La libertad de expresión se mide por la capacidad de criticar», ha señalado.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 89% de los crímenes contra periodistas permanecen impunes. En las últimas dos décadas 82 periodistas han sido asesinados en el país y según un informe de Reporteros sin Fronteras, México ocupa este año el lugar 148, entre los 180 de la clasificación mundial sobre libertad de prensa.