El 11 de octubre de 2014, Atilano Román Tirado, de 47 años, fue asesinado en la cabina de la estación radiofónica desde donde transmitía su programa «Así Es Mi Tierra», por la frecuencia 98.7 de FM en Mazatlán, Sinaloa.
Desde 2009, Román luchaba por hacer respetar los derechos de casi mil familias que fueron desplazadas por la construcción de la presa Picachos.
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En 2013, Román Tirado interpuso una serie de denuncias contra funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como del gobierno del estado y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), porque en 2009, a partir de la inundación del embalse de la presa Picachos, mil 900 hectáreas de la comunidad San Marcos quedaron bajo el agua y aproximadamente 800 familias perdieron todo.
Ese mismo año, un total de 116 activistas ambientales fueron asesinados en 17 países, de acuerdo con el informe “¿Cuántos más?”, publicado por la Organización No Gubernamental Global Witness, dedicada a investigar y prevenir conflictos relacionados con recursos naturales y corrupción, así como a combatir los abusos contra Derechos Humanos y ambientales.
Los activistas ambientales son el segundo grupo más vulnerable dentro de los defensores de Derechos Humanos, así lo consideró la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un informe que publicó en 2007. Se calcula que, en promedio, cada semana murieron dos activistas durante el año pasado, según la ONG. Cuatro de cada 10 pertenecían a un grupo indígena, lo que lo coloca como el sector más afectado por la violencia contra los defensores de la Tierra y el medio ambiente.
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Entre las causas que los activistas defendían y por las cuales fueron asesinados, Global Witness encontró que las más frecuentes fueron disputas por la propiedad, el control y el uso de la tierra.
El 80% de estas agresiones ocurrieron en Centro y Sudamérica. Los países que concentran el mayor número son Brasil (29), Colombia (25), Filipinas (15) y Honduras (12), mientras que en México fueron registrados en total sólo tres casos.
Miembros de comunidades indígenas que viven en lugares de difícil acceso y comunicación representan casi la mitad de las víctimas de asesinatos. En 2014, 54 de las 116 víctimas eran miembros de una de estas comunidades; aunque, de acuerdo con el informe, el porcentaje real puede ser mayor porque en la mayoría de los casos la identidad indígena de la víctima no es reportada y ocurren generalmente en zonas remotas.
La investigación de la ONG encontró que en general es difícil identificar a los autores de los asesinatos, pero en 10 investigaciones fue posible documentar que hubo grupos paramilitares involucrados, en Colombia y Filipinas, mientras que en ocho la policía fue quien cometió el asesinato; en cinco fueron guardias de seguridad privada y en tres, el ejército.
