Quienes horaden y circulen por túneles en la frontera con la franja palestina de Gaza se enfrentan desde ahora a un severo castigo: la cadena perpetua. El régimen egipcio acaba de enmendar su código penal para elevar las penas de prisión en el enésimo intento de golpear a la insurgencia yihadista que campa a sus anchas por el norte de la península del Sinaí.
«Cualquiera que excave o planee o use una carretera, pasaje o un túnel subterráneo en las zonas fronterizas del país con la finalidad de enlazar con una entidad o Estado extranjero, sus ciudadanos o residentes se enfrentarán a la cadena perpetua», esboza el artículo 82 del código penal cuya modificación ha sido ratificada este domingo por el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi tras recibir el plácet del consejo de ministros.
El cambio legislativo también reserva la misma pena de prisión para quienes hagan uso de las galerías clandestinas para transportar bienes o equipamiento y para aquellos que tengan constancia del túnel y no lo pongan en conocimiento de las autoridades. El Gobierno, además, tiene derecho de confiscar los edificios sobre los que se hayan horadado los pasajes e incautarse de las herramientas empleadas en su construcción.
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Los yihadistas llevan a cabo acciones diarias en la península del Sinaí, un enclave estratégico fronterizo con Israel donde han firmado decenas de ataques contra las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado de julio de 2013. Desde principios de 2011 y hasta abril de 2014, las arremetidas habían segado cerca de un millar de vidas, según datos del ministerio de Asuntos Exteriores egipcio.
La mayoría de las embestidas han sido reivindicadas por la sucursal egipcia del Estado Islámico (IS) ‘Provincia de Sinaí’, denominada Ansar Beit al Maqdis hasta que el pasado noviembre jurara lealtad a la organización que dirige Abu Bakr al Bagdadi y controla amplias zonas de Siria e Irak. El pasado octubre, tras un atentado que se cobró la vida de 31 soldados, el régimen egipcio decretó el estado de emergencia e inició la construcción de una «zona colchón» con la franja de Gaza expulsando a más de un millar de familias, destruyendo cientos de viviendas y ahondando el sentimiento de desamparo que desde hace décadas denuncian las tribus beduinas.
