A tres semanas de que Donald Trump asuma oficialmente la presidencia de Estados Unidos, la progresista California ya tiene la armadura puesta, lista para afrontar cualquier esfuerzo del nuevo gobierno por expulsar a inmigrantes indocumentados.
El magnate republicano prometió echar del país a al menos tres millones de inmigrantes ilegales con antecedentes criminales y construir un muro en la frontera con México.
Sin embargo, con miras a su jura, el 20 de enero, varias ‘ciudades santuario’ de este estado del oeste estadounidense, donde 2,8 millones de indocumentados están protegidos de persecución, ya comienzan a construir trincheras.
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«Hemos escuchado los insultos, las mentiras y las amenazas… Si quieren llegar a ellos [los indocumentados], tendrán que pasar por encima de nosotros», aseguró estos días el presidente de la asamblea legislativa de California, Anthony Rendon, demócrata y de ascendencia mexicana.
Así, y aunque Trump amenazó durante la campaña con cortar importantes y vitales fondos federales a las ‘ciudades santuario’ -que, se calcula, son unas 300 en todo el país-, las autoridades municipales parecen no tener intención de apoyar cualquier iniciativa anti-inmigración del nuevo gobierno.
Lo dijo Ed Lee, alcalde de San Francisco: «Está en nuestro ADN ser una ‘ciudad santuario'». Lo mismo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que quiere abrir un fondo de diez millones de dólares para dar asistencia legal gratuita a los indocumentados, la mayoría hispanos.
Además, el nuevo fiscal general del estado, una especie de ministro de Justicia, es el excongresista Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos y primer latino en ocupar el cargo.
«Si quiere enfrentarse con un estado progresista que está preparado para defender sus derechos e intereses, que venga», aseveró Becerra, considerado por la prensa estadounidense como el «bulldog» de la administración del gobernador, Jerry Brown, que, por su lado, ha dicho que resistirá a cualquier intento de Trump de alterar sus políticas contra el calentamiento global, defensa de derechos laborales e inmigración.
Los miembros del legislativo californiano, de mayoría demócrata, aprobaron una resolución en la que se «implora» al nuevo presidente y al Congreso, de mayoría republicana, que «desarrolle políticas racionales de inmigración» y evite «deportaciones masivas».
El jefe de la policía de Los Ángeles, Charlie Beck, dijo hace mes y medio que sus oficiales no participarán en ninguna operación federal destinada a deportar a inmigrantes ilegales.
«No es nuestro trabajo y no lo vamos a hacer nuestro trabajo», informó.
Sin embargo, más allá de sus intenciones, el poder municipal nada puede hacer para impedir redadas. En 2015, de los 235.413 deportados (59% con récord criminal), 6.869 fueron capturados en Los Ángeles, según los datos que la autoridad federal de migración estadounidense (ICE) envió a la AFP.
De ahí que Ron Gochez, de la organización pro-inmigrantes Unión del Barrio, valore el esfuerzo de las autoridades locales, aun considerándolo «simbólico». «No hay nadie que los pueda parar, no queremos que por estos discursos la gente se confíe y deje de protegerse», dijo.
Gochez, estadounidense de ascendencia mexicano-salvadoreña, no olvida, por ejemplo, los 2,5 millones de deportados que hubo en los ocho años del gobierno de Barack Obama, más que con cualquier otro presidente de Estados Unidos, bautizado por algunas organizaciones como ‘Deportador en jefe’.
«Sin importar quién esté en la Casa Blanca, los inmigrantes siempre estarán bajo ataque», zanjó Gochez.
Obama prometió en 2012 una reforma migratoria, pero el Congreso lo impidió. Sí aprobó, a través de una orden ejecutiva -sin pasar por el Congreso-, el programa DACA, que permite a jóvenes llegados a Estados Unidos de forma ilegal, cuando eran niños, estudiar en la universidad, trabajar y obtener un permiso de conducir.
Sin embargo, Trump ya amenazó con eliminar el programa, aunque tras la elección matizó sus palabras, prometiendo, sin dar más detalles, «hallar una solución que dejará a la gente feliz y orgullosa».
Algunos expertos coinciden en que California, con Becerra al frente, podría tener el papel opositor similar al que el muy republicano estado de Texas, fronterizo con México, asumió durante los ochos años de Obama, con varias demandas judiciales en materia de salud y medio ambiente, además de inmigración.
Mientras, la gente espera ansiosa y con miedo las nuevas políticas. Unión del Barrio viene promoviendo charlas informativas para indocumentados, que, según las cifras del departamento de Seguridad Interior, sumaron 11,4 millones en todo el país en 2012, con un 59% de mexicanos (6,7 millones).
En varias ciudades del país, incluida Los Ángeles, se convocaron manifestaciones contra Trump, para cuando asuma el cargo el 20 de enero. AFP
