El subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, consideró que en Guerrero hay “focos rojos” en términos de desaparición forzada, por eso la necesidad de crear una ley que contemple castigos más severos a los que desaparecen personas que para quien las mata.
Entrevistado tras asistir a una reunión con familiares de las 31 víctimas del equipo de tercera división Los Avispones, cuyos integrantes sufrieron un ataque la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Campa mencionó: “las desapariciones le hacen un enorme daño a la sociedad, afectan terriblemente a las familias”.
En Guerrero la incidencia de casos en esa materia es elevada, como en todo el país desde que la delincuencia dejó de sentirse satisfecha con el sólo hecho de matar y pasó a desaparecer personas, según expuso.
Justo entre las exigencias del grupo de expertos propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) era la modificación de la ley para que se reconozca el tema como grave.
“Porque es la angustia de no saber qué pasó con los familiares, es el único caso que la seguridad de la muerte significa una parte de la solución del problema, siendo terrible la pérdida de un familiar en estas condiciones, estar seguros de que el desaparecido murió es un consuelo, esa es la gravedad del delito”.
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La presencia de los expertos en desaparición forzada sugeridos por la CIDH que extendieron sus investigaciones sobre la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre seis meses más en el país, debe ayudar, opinó, a fortalecer las instituciones mexicanas y que a partir de experiencias en otros, donde se ha legislado más al respecto, como ejemplo puso Estados Unidos, se cuente con un sistema real de cuántos desaparecidos hay en México y castigos adecuados.
“Uno de los objetivos de la ley es precisar y aclarar cuáles son las cifras”, dijo que el FBI tiene una lista disponible en internet de más de 80 mil personas desaparecidas, con las especificaciones de cada caso, lo que pretenden replicar para el país “convenimos apoyo técnico, un registro que sea confiable implica una tarea de fondo es una tarea en la que tenemos que avocarnos”.
Lamentó la situación violenta actual del estado y al igual que el secretario de Gobernación federal, aceptó que hubo deficiente apoyo por parte de los dos últimos gobiernos perredistas, el de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega “han sido testigos de la dificultad que ha representado la coordinación en los últimos años en el caso de Guerrero, parece que hubo otras prioridades locales que lo que conviene rescatar hoy es la coordinación que se está dando con el nuevo gobierno”.
Campa seguirá yendo al estado a otras zonas como Chilapa, tras la inseguridad que prevalece en la zona, por la pugna de grupos criminales.
