El portavoz de la Asociación Campesina del Catatumbo, en el departamento de Santader (norte), Juan Carlos Quintero, manifestó hoy la decisión del gremio de ir a paro si el gobierno decide retomar la fumigación con el herbicida glifosato.
En declaraciones a RNC La Radio, Quintero anunció que de concretarse los anuncios al respecto, realizados en los últimos días por grupos sociales y autoridades como parte de la medida de fuerza, los campesinos bloquearán las principales vías de Norte de Santander.
El líder campesino también explicó que las movilizaciones previstas son pacíficas y denunció que el Gobierno prepara fuerzas desmedidas para enfrentarlas, lo que evidencia una «alta represión» contra el campesinado de Catatumbo.
Sobre la siembra de coca en el área, que según un censo de Naciones Unidas en 2014 ascendió a seis mil 944 hectáreas, 599 más que el año precedente y dos mil 428 más que en 2012, Quintero argumentó que muchas familias acuden a ella ante la inexistencia de programas socioeconómicos que tributen a mejorar su calidad de vida y bienestar.
Para erradicar las plantaciones de coca, el gobierno ha hecho un uso extensivo de glifosato, un herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos y de gran empleo en el control y extinción de cultivos ilegales.
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La Organización Mundial de la Salud lo define como un probable carcinógeno para los seres humanos y ha dado cuenta de «evidencia limitada» de que la sustancia puede producir linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que surge en determinados glóbulos blancos de la sangre humana.
De igual forma, al glifosato se asocian efectos negativos en células de mamíferos, como las placentarias, cuya mortalidad puede elevarse ante el uso reiterado de la sustancia.
Ante el empleo de glifosato en la extinción de cultivo de coca, en 2013 los campesinos de Catatumbo acudieron a un paro similar al anunciado por Quintero.
En esa ocasión, dada las acciones violentas que se registraron en el enfrentamiento al paro, como consecuencia de las que murieron cuatro personas y se cuantificaron numerosas pérdidas económicas, el Gobierno decidió suspender la erradicación de los cultivos.
