El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llamó a consultas a su embajador en Venezuela, Ricardo Lozano, ante la negativa del Gobierno de Nicolás Maduro de permitir la entrada al defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, a ese país para tratar el tema de los deportados.
«Yo he privilegiado el diálogo y la diplomacia y lo seguiré haciendo, pero no puedo permitir que Venezuela trate a los colombianos y trate al Gobierno colombiano de esa forma», declaró Santos.
El gobernante indicó que dio instrucciones a su canciller, María Ángela Holguín, para que llame a Lozano y convoque a una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuyo secretario general es el ex presidente colombiano Ernesto Samper, blanco de fuertes críticas en su país, donde le censuran por su supuesto alineamiento con Maduro.
«Queremos contarle al mundo, comenzando con Unasur, lo que está sucediendo, mostrarles lo que está sucediendo porque eso es totalmente inaceptable», subrayó el jefe de Estado.
Santos hizo el anuncio horas después de que se frustrara un encuentro en la frontera del defensor del Pueblo colombiano con el gobernador del estado venezolano del Táchira, José Vielma Mora, para «iniciar un proceso de verificación» de las propiedades que los deportados dejaron en ese país, según explicó Otálora en el puente que une las dos naciones.
Según la Defensoría, «después de varias de llamadas a los números directos que proporcionaron funcionarios del vecino país, no fue posible realizar esta gestión pues no hubo respuesta ni presencia física de los mismos en el paso fronterizo».
Esa visita fue acordada el miércoles, en la reunión que mantuvo en la ciudad colombiana de Cartagena, la canciller Holguín con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, en la que no se resolvió el cierre de la frontera más dinámica entre los dos países.
La frontera está cerrada desde el pasado jueves en el puente internacional Simón Bolívar, que comunica a las ciudades de Cúcuta (Colombia) con San Antonio del Táchira (Venezuela) por orden de Maduro como parte de una campaña contra el contrabando y supuestos paramilitares.
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Esa medida fue tomada después de un ataque de presuntos contrabandistas contra militares de ese país que dejó tres uniformados y un civil heridos y fue complementada el pasado viernes con la declaración del estado de excepción en seis municipios.
Al amparo de esas disposiciones, al menos un millar de colombianos de esa zona fueron deportados en los últimos días a Cúcuta.
Otros cuatro mil 260 colombianos han abandonado Venezuela por temor a correr la misma suerte de sus compatriotas, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Santos señaló que Colombia «privilegia el diálogo y la diplomacia» y dijo esperar que Venezuela «tenga esa misma actitud».
El presidente colombiano agregó que llamó a consultas a su embajador porque no ve disposición en la parte venezolana a llegar a un acuerdo en el tema de la frontera y de los deportados.
«Hasta ahora lo que hemos visto es que no tienen ninguna voluntad ni de diálogo ni de soluciones diplomáticas. Son soluciones de fuerza o actitudes como las que han venido teniendo con nuestros compatriotas que merecen respeto», sentenció el mandatario, al señalar que como Gobierno siempre los defenderá y velará por ellos.
Horas antes en un acto público en Caracas, Maduro aseguró que no abrirá la frontera con Colombia hasta que se «prohíba» en este país la venta de productos venezolanos de contrabando y se deje de atacar la moneda venezolana desde Cúcuta y el resto del territorio.
