El acuerdo sobre cambio climático adoptado en 2015 en París y ratificado hasta ahora por 183 países fija un marco global en la lucha contra el calentamiento del planeta, sin imponer no obstante objetivos vinculantes a cada país.
– Los objetivos –
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El objetivo del acuerdo es contener el aumento de la temperatura «bien por debajo de los 2ºC» respecto a la era preindustrial y «seguir esforzándose para limitar este aumento a 1,5ºC».
Los expertos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), en su informe publicado en octubre, advirtieron de que el impacto será muy diferente entre 1,5ºC y 2ºC, en todas las regiones del mundo.
2 o 1,5°C son objetivos muy ambiciosos, dada la concentración récord de gases de efecto invernadero en la atmósfera y el nivel de emisiones, que se mantiene al alza.
Para permanecer por debajo de 1,5ºC, haría falta que las emisiones de CO2 declinaran mucho antes de 2030 y de forma significativa (-45% entre 2010 y 2030), según el IPCC.
El acuerdo no preconiza metas obligatorias a cada país, sino «frenar el alza de las emisiones cuanto antes» y seguidamente «reducirlas rápidamente». Así cada país se fija sus propios objetivos de reducción de emisiones para 2025 o 2030.
– El calendario –
Los planes de acción nacionales evitarían un cataclismo —es decir un aumento de +4/5°C previsible sin políticas climáticas—, pero colocarían al planeta en una situación sumamente peligrosa con +3°C.
De ahí la necesidad de revisar estos compromisos. En la COP24, que se abre este domingo en Polonia, los países están invitados a realizar un primer balance global.
El acuerdo prevé una primera revisión al alza de los compromisos nacionales cada cinco años, la primera de ellas en 2025, una fecha demasiado tardía para respetar la meta de los 2ºC.
Por lo tanto, los Estados están llamados a presentar planes reforzados en 2020, «última oportunidad» para emprender la trayectoria adecuada, según la ONU.
– Verificación de los compromisos –
El acuerdo de París prevé que los países rindan cuentas de sus acciones programadas y de sus resultados. Se concede cierta flexibilidad a algunos países, en particular los más pobres.
Quedan por determinar las reglas precisas de esta transparencia: ¿Qué informaciones deben incluirse en los planes nacionales y con qué grado de detalles?
La transparencia también se aplica a la ayuda financiera de los países ricos a los países en desarrollo. Estas reglas deben concretarse durante la COP24.
– Ayuda a los más pobres –
En 2009, los países ricos prometieron que su ayuda aumentaría hasta alcanzar los 100.000 millones de dólares anuales en 2020, para permitir a los más pobres financiar infraestructuras energéticas limpias y adaptarse al impacto negativo del calentamiento global.
El texto de París establece que esta suma es un mínimo y que se fijará un nuevo objetivo para 2025.
Según la OCDE, la financiación climática pública del Norte hacia el Sur alcanzó 56.700 millones de dólares en 2017, frente a 48.500 millones en 2016, un aumento de 17%. Las proyecciones, basadas en los compromisos anunciados, estiman una ayuda pública de 67.000 millones en 2020.
Gracias a la inversión privada, los financiamientos podrían pasar de 77.000 a 133.000 millones de dólares en 2020.
La suma de 100.000 millones debe compararse con entre los 3 y 4 billones de dólares necesarios, según el ‘think tank’ New Climate Economy, para asegurar la transición hacia una economía mundial de bajo nivel de carbono, lo cual solo podrá lograrse rápidamente reorientando de forma masiva las finanzas mundiales. AFP
