Donald Trump ha dado su respaldo a una iniciativa de ley, impulsada por los senadores republicanos conservadores Tom Cotton (Arkansas) y David Perdue (Georgia), que en líneas generales propone cortar la inmigración legal a la mitad y priorizar el otorgamiento de estatus de residencia permanente a personas con habilidades profesionales y laborales.
Con ello se pretende restringir la inmigración legal por lazos familiares, que ha sido un puntal del modelo vigente y que permite a ciudadanos y residentes traer legalmente al país a personas cercanas para propiciar la reunificación de las familias.
Un amplio porcentaje de la comunidad inmigrante en Estados Unidos y de los ciudadanos de ascendencia extranjera se originó, justamente, en la posibilidad de que familiares llegaran al país legalmente para reunirse con sus parientes naturalizados o con residencia legal.
El apoyo de Trump y varios legisladores republicanos, sobre todo los de la derecha radical, a un sistema de inmigración basado en el mérito (o, por decirlo de otro modo, el pragmatismo económico-laboral de ciertos sectores estadounidenses) no es nuevo, pero la iniciativa hoy destacada (denominada justamente Reforming American Immigration for Strong Employment Act o RAISE, algo así como ‘reforma migratoria para un empleo fuerte’) es el primer paso formal hacia ello.
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Y tiene un poderoso componente antiinmigrante, primero porque mermaría el modelo de inmigración vía reunificación familiar –que tiene un importante componente humano y de apertura– y luego porque pretende cortar la inmigración legal en sí a la mitad, del rango de un millón de ‘green cards’ anuales que actualmente se conceden a probablemente unas 500.000.
Según The New York Times, ese recorte sería de 41% en su primer año y de 50% para su décimo año de vigencia. Además, de acuerdo al Washington Post, se cerraría la posibilidad de ‘pedir’ la residencia para los hijos adultos o hermanos, aunque seguiría abierta para esposas e hijos menores de edad. Y una parte del proceso implicaría que a cada solicitante se le asignen ‘puntos’ en función de factores como manejo del inglés, habilidades laborales y nivel educativo. Aquellos que tengan una cifra más alta en ello tendrían, al parecer, prioridad en la asignación de estatus de residente.
Actualmente, el 64% del millón y pico de inmigrantes anuales que obtuvieron su residencia legal lo lograron por ser familiares de ciudadanos o residentes y en ello no tuvo una relevancia decisiva su nivel educativo o sus habilidades laborales.
La iniciativa, de aprobarse, también eliminaría el sistema de lotería de residencias permanentes, que cada año concede 50.000 ‘green cards’, y también reduciría a la mitad, para situarla en unos 50.000 al año, la cantidad de refugiados que serán admitidos en el país. La cuota de residencias permanentes obtenidas vía la petición de un empleador se mantendría en 140.000 al año.
