El Senado brasileño aprobó el martes la congelación de los gastos públicos durante 20 años, la primera de las impopulares medidas de austeridad del presidente conservador Michel Temer para tratar de sacar al país de la recesión.
La enmienda constitucional, aprobada por 53 votos a favor y 16 en contra, será formalmente promulgada el jueves y entrará en vigor en 2017.
Varios estados registraron protestas a lo largo del día contra esa medida, denunciada por los impactos negativos que tendrá en áreas sociales, como salud y educación.
En Brasilia, se produjeron violentos enfrentamientos entre manifestantes, varios de ellos con los rostros cubiertos, y las fuerzas de seguridad, que trataron de dispersarlos con gases lacrimógenos, indicó una periodista de la AFP.
Un ómnibus fue incendiado durante la protesta que reunió a unas 2.000 personas, según la policía, y cerró con la detención de un centenar de los asistentes.
En Sao Paulo, un grupo atacó el edificio de la poderosa Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), en el centro de la capital económica del país.
En las imágenes difundidas por los medios locales, se ve cómo algunos manifestantes lanzan cohetes y piedras hacia la puerta de vidrio de la entrada, que acabó destrozada.
Una encuesta de Datafolha reveló el martes que un 60% de los brasileños se opone a la denominada “enmienda del techo de gastos”, respaldada por solo un 24%.
Esa medida, que indexará durante dos décadas el aumento de los presupuestos al índice inflacionario, “afectará con mucha más fuerza a los brasileños más pobres y vulnerables”, afirmó la semana pasada un relator de la ONU.
Un líder sindical de Uberlandia (Minas Gerais, sudeste), Luis Jorge dos Santos, se declaraba “indignado” por la celeridad de los debates.
“Consiguieron votar esa reforma contraria a los trabajadores antes de que hiciéramos nuestra manifestación”, lamentó en las proximidades del Congreso.
Temer, que asumió el cargo tras la destitución este año de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, celebró el avance de una iniciativa que, afirmó, “apunta a sacar al país de la recesión”.
El mandatario conservador se dijo decidido a avanzar con sus impopulares reformas, pese a la creciente fragilización de su base política, particularmente expuesta en las últimas revelaciones -en las que él mismo aparece mencionado- de la investigación Lava Jato sobre el enorme esquema de sobornos en Petrobras.
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Su popularidad se halla además bajo mínimos -apenas 10% de opiniones favorables- y un 63% de la población quiere que renuncie, según la última encuesta de Datafolha.
Pero Temer insiste en que su misión es entregar un país “saneado” a quien le suceda en 2018, cuando haya completado el mandato de Rousseff.
“Es preciso tener coraje para gobernar. Y tenemos coraje”, lanzó durante un acto sobre la renovación del sistema de transportes.
La enmienda del “techo de gastos” es apenas la primera del plan de ajustes de Temer. La siguiente -la reforma del sistema de jubilaciones- pretende establecer una edad mínima uniforme de 65 años para el retiro de hombres y mujeres y un periodo de contribuciones de 49 años para gozar del 100% del beneficio.
El presidente y su ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, esperan neutralizar de ese modo el gigantesco déficit fiscal, previsto en 163.000 millones de reales (48.000 millones de dólares) en 2016. En los doce meses cerrados en octubre, se situaba en 137.000 millones, equivalentes a un 2,23% del PIB.
Un paso esencial, según el gobierno, para empezar a recuperar la confianza de los mercados con vistas a sacar al país de su peor recesión en más de un siglo.
La expectativa de que la partida de Rousseff volviera a generar inversiones se vio totalmente desmentida por un agravamiento de la recesión, que este año será de 3,5%, después de haber llegado a 3,8% en 2015, y por proyecciones negativas sobre el desempleo, que afecta a casi 12 millones de brasileños (11,8% de la población activa).
Solamente hubo un alivio por el lado de la inflación, que en la medición a 12 meses cerrados en noviembre remitió a 6,99%, después de haber llegado en 2015 a 10,67%, su mayor nivel en trece años.
Para tratar de recuperar la iniciativa, Temer y Meirelles prometen una “agenda positiva” de medidas microeconómicas, con vistas a incentivar la actividad.
Francisco de Oliveira, un funcionario de 56 años oriundo de Río Grande do Norte (noreste), de paso por Brasilia, contrapesaba los argumentos.
“Como economista estoy a favor (de la enmienda constitucional), porque es necesaria, pero como funcionario público no”, afirmó.
Temer “provocó el impeachment para tomar el poder” y ahora “tengo pocas esperanzas de que la situación mejore, porque quienes tomaron el poder no tienen credibilidad, son peores que quienes estaban antes”, añadió De Oliveira. AFP
