El Consejo Ciudadano Para la Seguridad Pública y la Justicia Penal cuestionó la línea de investigación del GIEI, grupo de expertos de la CIDH en la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 y defendió al Ejército, que tildó de «inocente».
El propósito de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es «que los responsables de esta matanza, en su gran mayoría ya presos, queden impunes y en cambio se castigue a inocentes, específicamente a integrantes del Ejército», dijo el presidente de la ONG, José Antonio Ortega.
Los especialistas quieren «mantener en la oscuridad» el motivo por el que los jóvenes viajaron el 26 de septiembre de 2014 al municipio de Iguala, dijo en rueda de prensa en un hotel capitalino, a donde llegó un grupo de manifestantes para criticar la «manipulación» informativa.
En los ataques de ese día murieron seis personas, entre ellas tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por los policías y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero del municipio vecino de Cocula.
Sin embargo, los expertos de la CIDH concluyeron en un informe presentado en septiembre pasado que no había pruebas científicas que confirmaran que los jóvenes fueron incinerados en ese lugar, pidieron continuar la búsqueda y abrir nuevas líneas de investigación, incluida una relacionada con un autobús cargado de droga oculta.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH (GIEI) «desestima las revelaciones de los sicarios y jefes de Guerreros Unidos detenidos» sobre el móvil del crimen, cuando «consideraron la presencia de los normalistas como parte de una ‘invasión’ o provocación de Los Rojos, el grupo criminal rival», señaló Ortega.
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Tras la filtración, García aseguró que la llamada fue «sacada de contexto, mientras que el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Omar Betanzos, reiteró que no existen pruebas que relacionen a los estudiantes de Ayotzinapa con ningún cártel.
No obstante, Ortega opinó que es una muestra más de que el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una organización guerrillera, «siempre ha controlado y controla» Ayotzinapa.
El GIEI explicó que no emitirá respuesta alguna a estas consideraciones, y que su misión es «seguir trabajando».
«Lo que pasó hoy es manipulación mediática», dijo el activista Vidal Estrada, quien protestó enfrente del hotel donde se realizó el acto representando al movimiento de los padres de los jóvenes.
Al no poder entrar en la sala, denunció que en el país hay un «cerco mediático» y, además, una «arbitrariedad» que impide al GIEI hacer su trabajo «sin complicaciones».
