Sin rebasar el plazo constitucional, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) consignó este martes a Abraham Torres Tranquilino, el segundo implicado en el multihomicidio de la colonia Narvarte, al Reclusorio Preventivo Oriente.
Curiosamente, el expolicía capitalino -y también exconvicto- fue inculpado por los mismos delitos que Daniel Pacheco Gutiérrez, el primer detenido por el caso: homicidio, feminicidio y robo.
De esa forma, la PGJDF fortalece la hipótesis de que el asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la trabajadora doméstica Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz y la mujer de nacionalidad colombiana Milena Virginia Martín, tuvo como móvil el robo.
Esta línea de investigación ha sido severamente cuestionada por los abogados coadyuvantes de la familia de Rubén y Nadia, quienes han insistido en que la Procuraduría capitalina no deje de lado la indagatoria por las amenazas que ambos sufrieron por parte del gobierno de Veracruz, a cargo de Javier Duarte.
En su edición 2024, Proceso publicó una entrevista con los abogados Karla Michel Salas y David Peña, coadyuvantes de la familia de Nadia Vera, en la que aseguraron que la línea de investigación del robo “se sostiene con alfileres porque la autoridad no ha determinado qué se robaron los asesinos”.
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La razón: la medida suspensiva decretada por María Catalina de la Rosa, juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF, en el expediente 804/2015-IV. La autoridad ordenó que “resguarden la totalidad de la información contenida en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 D1 y no la hagan del dominio público”.
Este amparo fue promovido Alma Cristina Espinosa Becerril y Perla Patricia Espinosa Becerril, hermanas del fotoperiodista Rubén Espinosa, para evitar las filtraciones y la revictimización de las familias afectadas del multihomicidio.
La autoridad concedió la medida cautelar y citó a las interesadas para mañana 2 de septiembre para audiencia incidental y el 24 de septiembre para la constitucional.
De acuerdo con la promoción del amparo, las hermanas Espinosa Becerril acusaron que la PGJDF fue omisa para el resguardo de la información contenida en el expediente y para evitar las filtraciones de la información a la prensa. Agregaron que éstas generaron estigmatización, criminalización y revictimización, equiparables a tormento e infamia, prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Aseguraron que con estas omisiones se violaron los derechos a la vida privada, integridad personal, intimidad y datos personales.
