La Corte Electoral comenzó el martes el llamado “segundo escrutinio” de los votos del balotaje realizado el domingo en Uruguay, en el cual se incorporarán al conteo los llamados “votos observados” y los partidos podrán impugnar los votos anulados.
No se espera que el recuento altere la posición del candidato opositor Luis Lacalle Pou, quien lleva 28.666 votos de ventaja sobre el oficialista Daniel Martínez, lo que representa un 1,2% del electorado.
Se estima que el viernes la Corte Electoral proclame al ganador de la elección. Lacalle Pou dijo el domingo que su ventaja es “irreversible”. Martínez, sin embargo, no ha admitido su derrota.
Los funcionarios de la Corte Electoral no trabajaron el lunes, para reponerse del desgaste de la jornada de votación del domingo. La sociedad uruguaya ha esperado el conteo definitivo en calma y sin incidentes.
Los votos “observados” que restan por contar son 35.229 y corresponden en su mayoría a personas que se vieron obligadas a votar fuera de su circunscripción electoral, como los funcionarios de la Corte y los soldados que custodian las urnas.
Para que Martínez pudiera torcer el resultado de la elección, necesitaría conseguir más del 90% de los “votos observados”, algo que los analistas consideran imposible porque no guarda relación alguna con el resultado general de la votación.
En el segundo escrutinio, además, cada partido puede reclamar que se validen los votos anulados, que fueron 53.619 en el balotaje. Cada caso se analiza en forma individual y si los delegados partidarios no aceptan el fallo de la autoridad electoral de la circunscripción donde se emitió ese sufragio, la controversia es laudada por la propia Corte Electoral.
“Históricamente se recupera un número muy bajo de votos anulados”, dijo a The Associated Press José Arocena, presidente de la Corte Electoral. Por lo tanto, tampoco se espera que este rubro altere el resultado.
Los votos anulados corresponden a un sinfín de caos de personas que marcan su protesta o su desinterés introduciendo en el sobre de votación proclamas diversas, papeletas rotas, tachadas o sobreescritas, enseñas partidarias u deportivas, estampas religiosas, objetos diversos e incluso dinero y alimentos, como le ha tocado observar en elecciones anteriores a Arocena.
Sólo se recuperan aquellos votos que fueron anulados por ser una papeleta válida pero con alguna rotura. Si la autoridad electoral estima que esa rotura se produjo en forma accidental, por ejemplo, al abrirse el sobre de votación, el voto puede ser validado.
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“Nunca hubo un balotaje tan reñido”, dijo el domingo a la prensa Arocena.
Las encuestas previas vaticinaban una victoria más holgada de Lacalle Pou, un abogado aficionado al surf de 46 años, exsenador e hijo del expresidente Luis Lacalle Herrera, que gobernó entre 1990 y 1995. Lacalle Pou llegó al balotaje como candidato del opositor Partido Nacional, pero tras la primera vuelta logró sellar un acuerdo con otros cuatro partidos que van desde la derecha a la centroizquierda.
Martínez, el candidato oficialista, es un ingeniero aficionado al ciclismo de 62 años, exalcalde socialista de Montevideo.
En la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 27 de octubre, Martínez fue el candidato más votado con el 39% de los sufragios, mientras que Lacalle Pou fue segundo con el 28,6%.
Sin embargo, tras esa votación, Lacalle Pou logró el respaldo del Partido Colorado (el tercero en la primera vuelta, con 12% de los votos), de Cabildo Abierto (cuarto, con 11%) y de los pequeños Partido de la Gente y Partido Independiente (1% cada uno).
Durante los tres gobiernos consecutivos de la izquierda, la economía creció, el poder adquisitivo de los salarios experimentó una fuerte suba y se sancionaron leyes que garantizaron derechos como el casamiento gay, el aborto y la venta de marihuana en farmacias.
Sin embargo, el tercer gobierno del Frente Amplio, encabezado por el presidente saliente Tabaré Vázquez, ha tenido problemas importantes y finaliza con un índice de aprobación muy inferior a los anteriores. Una reforma educativa fracasó, el vicepresidente Raúl Sendic debió renunciar en 2017 jaqueado por casos de corrupción, la inseguridad pública se deterioró hasta alcanzar un récord de 414 homicidios en 2018, la economía se estancó, se perdieron 50.000 puestos de trabajo, el desempleó subió hasta el 9% y el déficit fiscal alcanzó el 4,9%.
Arocena dijo que cuando concluya el escrutinio definitivo él en persona llevará la proclamación de la Corte Electoral al domicilio del candidato ganador. AP