La Corte Penal Internacional (CPI) se declaró este jueves competente para investigar el éxodo forzoso de la minoría musulmana rohinyá de Birmania, que podría constituir un crimen contra la humanidad.
Unas 700.000 personas pertenecientes a esta minoría musulmana apátrida han huido del estado de Rakáin, ubicado al norte de Birmania, hacia Bangladés desde agosto de 2017, escapando de una sangrienta represión militar.
It requires teachers to have click here for more info price levitra an understanding of diverse learning and teaching methods. Erectile dysfunction is a common disorder impeding the buy cheapest cialis strength of almost every 1 among 10 men. Kamagra is totally different from all Check Out Your drugstore pfizer viagra other sex enhancers in every sense. Anabolic Steroids Men using cialis soft canada http://appalachianmagazine.com/2016/11/23/the-gerber-baby-just-celebrated-her-90th-birthday/ anabolic steroids to build their muscle may get issues with their erection health.
«La CPI decide que la Corte puede ejercer su competencia sobre la presunta deportación del pueblo rohinyá de Birmania hacia Bangladés», declaró en un comunicado oficial.
Este jueves, el gobierno birmano se negó a hacer comentarios al ser contactado por la AFP.
La decisión tuvo lugar días después de que expertos de la ONU pidieran una investigación internacional, así como el procesamiento del comandante en jefe del ejército birmano y otros cinco altos mandos militares por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra los rohinyás.
La violencia militar ha dejado a su paso aldeas incendiadas y devastadas, y sus efectivos están acusados de violaciones y asesinatos.
En una medida sin precedentes, en abril, la fiscal principal de la CPI, Fatou Bensouda, solicitó a los magistrados del único tribunal permanente de crímenes de guerra en funciones del mundo que determine si es posible investigar las deportaciones de rohinyás como crimen contra la humanidad.
Se trata de una solicitud legal complicada, puesto que Birmania no es signatario ni miembro del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la CPI.
Sin embargo, Bangladés sí es miembro y Bensouda argumentó que debería brindarle a su fiscalía jurisdicción para investigar la difícil situación de los rohinyás.
Ella comparó la deportación con «un tiroteo en la frontera», argumentando que el crimen «no se concreta hasta que la bala (disparada desde un Estado) alcanza y mata a la víctima (que se encuentra en otro Estado)».
– ‘Justicia’ –
La decisión de este jueves deja el camino abierto para que la fiscal anuncie la apertura formal de una investigación preliminar sobre este caso.
Esto le brinda a Bensouda la ocasión de analizar si hay suficientes evidencias como para abrir una investigación en toda la regla, algo que eventualmente podría desembocar en un juicio.
Los magistrados de la CPI señalaron que «esta investigación preliminar debe concretarse dentro de un plazo razonable».
Pero el camino hasta el único tribunal permanente para crímenes de guerra del mundo será largo y complejo y con posibles obstáculos.
Creada en 2002 en La Haya, la CPI instruye los casos por los peores crímenes y abusos, incluido el genocidio, en países donde los tribunales locales no quieren o no pueden proceder.
Algunos de sus mayores éxitos han sido la investigación de los crímenes de guerra en la República Democrática del Congo (RDC) y sobre la destrucción de santuarios religiosos musulmanes en Tombuctú, Malí.
El ejército de Birmania, una nación con su población predominantemente budista, ha negado las acusaciones, con el argumento de que su campaña constituyó una legítima respuesta a los ataques perpetrados por insurgentes rohinyás, en los que murieron doce efectivos de la Policía de fronteras.
Decenas de miles de refugiados rohinyás se manifestaron 10 días atrás para conmemorar el primer aniversario de la huida de Birmania (hacia Bangladés), reclamando «Justicia».
La investigación sobre las deportaciones de rohinyás sería la tercera de la CPI en Asia, que ha estado investigando presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la llamada «campaña de guerra contra las drogas», en Filipinas, y el conflicto en Afganistán. AFP
