Un reciente fallo del máximo tribunal de justicia de Honduras debilita la misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), que investiga al menos una decena de casos en el país, dijeron el viernes varias organizaciones civiles.
La sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia divulgó el jueves una sentencia en la que invalida a la unidad contra la corrupción (UFECIC), dependiente del Ministerio Público, que trabaja con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la OEA.
La sentencia fue emitida en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el abogado de tres ejecutivos de una organización no gubernamental acusados a fines de 2017 por el Ministerio Público, en conjunto con la MACCIH, de coludirse con cinco diputados para malversar miles de dólares.
“Ese fallo cercena a la UFECIC, que es el ente del Ministerio Público que ha venido dando golpes fuertes en el combate a la corrupción. Al suprimir la UFECIC se debilita a la MACCIH porque no van a tener ese brazo de investigación”, dijo Odir Fernández, del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la organización civil más representativa en casos de malversación.
Otras organizaciones también criticaron la sentencia.
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La MACCIH, en conjunto con el Ministerio Público, acusó en diciembre a los cinco legisladores, como parte de una investigación de la llamada “Red de Diputados”, en la que participarían más de 60 parlamentarios vinculados al desvío de 55 millones de dólares de fondos públicos destinados a ayudas sociales a través de organizaciones privadas de desarrollo.
Las investigaciones involucran al presidente del legislativo, Mauricio Oliva, un aliado político y colaborador del mandatario Juan Orlando Hernández.
La MACCIH surgió en 2016 en respuesta a una serie de protestas motivadas por el caso de latrocinio al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Su desempeño ha llevado a la judicialización de los principales implicados en este caso.
