Una comisión creada para auditar la deuda de Puerto Rico está cuestionando en un informe la legalidad de los bonos emitidos por el gobierno y afirmó que el territorio estadounidense podría no ser responsable del pago de una parte del dinero adeudado.
El informe emitido el jueves fue presentado en momentos en que el Congreso de Estados Unidos sopesa la mejor manera de ayudar a Puerto Rico a reestructurar 70 mil millones de dólares en deuda pública. Muchos creen que la isla incurrirá en el impago de dos mil millones que vencen el 1 de julio.
La comisión, cuyos 17 miembros en parte fueron nombrados por los legisladores puertorriqueños, concluyó que la forma en que se emitieron millones de dólares de deuda podría haber violado la Constitución de la isla. Las autoridades dijeron que eso es importante porque decisiones judiciales previas han concluido que algunas agencias municipales de Estados Unidos no fueron responsables del pago de la deuda si fue emitida ilegítimamente.
El informe de 44 páginas establece que Puerto Rico ha pedido prestado más de 30 mil millones de dólares para financiar déficits desde principios de 1979, aun cuando su Constitución prohíbe hacerlo.
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El informe señala que Puerto Rico está destinando más ingresos fiscales al pago de deuda de lo permitido constitucionalmente.
«Un tribunal podría dictaminar que Puerto Rico tomó prestado sin autorización, con la consecuencia de que a Puerto Rico podría prohibírsele la emisión de más deuda en el futuro para financiar déficits, y podría verse obligado a aumentar impuestos o como alternativa a declarar la deuda impagable por falta de autorización», indica el reporte.
Los resultados del informe no son definitivos. La comisión destacó que aún no ha recibido los fondos para realizar una auditoría completa como se planeó.
