El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad que el 26 de septiembre sea declarado Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas, fecha en que se suscitó la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.
Con la dispensa de trámites, los legisladores dieron luz verde con 463 votos a favor y cero en contra al decreto presentado por todos los grupos parlamentarios; al emitir su voto, los legisladores priistas y del Partido Verde pidieron justicia, pero sin lucro político, de acuerdo con Notimex.
Durante la exposición de motivos del dictamen, los diputados reconocieron que durante los últimos 15 años se han incrementado la cifra de casos de desaparición forzada, entre los que destaca por su gran impacto social el de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, lo que subrayaron no debe repetirse.
Desde la máxima tribuna de San Lázaro, los legisladores advirtieron que el establecimiento de este día es un acto de solidaridad con los jóvenes normalistas y con todas las personas desaparecidas en México.
Víctor Manuel Silva Tejeda, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que su instituto está comprometido con los derechos humanos y con que las leyes se perfeccionen para garantizar su vivencia y respeto.
En su turno José Hernán Cortés Berumen dijo que el Partido Acción Nacional (PAN) quiere que esa fecha México recuerde el pesar de los desaparecidos, los ausentes, las familias incompletas, los hijos, hermanos y padres que lloran la pérdida de un familiar.
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Asimismo exhortó a aplicar la justicia de manera expedita, objetiva e imparcial que se concrete en una investigación eficaz de las autoridades, con castigo tanto para los culpables materiales como de quienes dieron la orden de desaparecer personas e incluso de asesinarlas.
La también priista María Bárbara Botello se pronunció por avanzar en la conformación de una comisión bicamaral para abordar la grave problemática de la desaparición forzada en el país.
La prioridad de esa instancia sería poner en práctica las recomendaciones de los grupos Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La envergadura de esta propuesta plantea modificar la Ley Orgánica del Congreso General cuya aprobación, con voluntad de todos los grupos parlamentarios, se puede realizar de manera expedita, expuso.
“Debemos de responder con responsabilidad plena esta encomienda, para dar certeza, solidaridad y respuesta contundente a las víctimas y sus familias”, subrayó Botello Santibáñez.
