A las 9:00 de la noche del sábado 11, los presos del módulo de Tratamientos Especiales del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano fueron despertados violentamente por los guardias, que los sacaron de sus celdas, los desnudaron y les echaron encima a los perros.
Los animales les olisquearon cada centímetro mientras los custodios registraban las celdas. Era una práctica común en cualquier día, en cualquier momento y sin aviso. Pero en la madrugada se enteraron de la fuga del preso 3578, ubicado en la celda 20: Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
El gobierno federal le informó a una comisión del Congreso que la alerta de fuga se dio en 15 minutos; sin embargo abogados y familiares de internos, entrevistados por Proceso, señalaron que demoró varios minutos más. Reos del módulo 4 y 5 comentaron que a las 9:30 de la noche aún podían hacer las llamadas telefónicas reglamentarias. Aproximadamente una hora después corrió el rumor de que “El Chapo” había muerto. Se escuchaba mucho movimiento. A la medianoche los internos escucharon que el primer helicóptero sobrevolaba la zona.
Uno de los presos más sorprendidos del módulo de Tratamientos Especiales fue otro capo, quien había regresado a ese penal tres meses antes, como resultado de una batalla de amparos, pues fue trasladado a la prisión federal de Puente Grande cuando “El Chapo” llegó al Altiplano.
La corrupción ya predominaba en ese penal y crecía.
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Todo esto ante la impasibilidad de los operadores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el presidio, de los efectivos de la Policía Federal (PF), cuya División de Inteligencia es la responsable de manejar las cámaras y los micrófonos, así como de pasar lista a los reos.
Igual actitud mostró el personal del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (ODPRS), responsable de los penales federales, y de la Dirección General de Políticas y Desarrollo Penitenciario, ambos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Todas esas instancias dependen de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong y el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda.
En una investigación que inició antes de la fuga de “El Chapo”, este semanario confirmó con testimonios de empleados, abogados y familiares de internos, que el consumo de droga y la corrupción en el penal del Altiplano era tal, que pese a los supuestos dispositivos para inhibir las señales telefónicas, en los módulos funcionaban aparatos celulares.
