El secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, informó a ocho días de que un grupo de policías de la Fuerza Estatal de Guerrero iniciara un paro de labores, que 32 elementos de esa corporación además de estar separados de sus funciones, fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
En conferencia de prensa, acompañado del subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Victoriano Sánchez Carbajal, explicó que durante los ochos días que los policías han protestado para exigir mejoras salariales, uniformes y bonos de riesgo, entre otras cosas, han cometido varios delitos.
Por no realizar sus funciones, dijo han cometido además “abuso de confianza, daños, el ejercicio indebido del servicio público, insultos a la autoridad y el uso indebido del uniforme cuando ya fueron suspendidos, algo que consideramos aberrante”.
Sánchez explicó que desde hace un mes, en una mesa de trabajo en el Palacio de Gobierno, la cual él mismo encabezó, se estableció un compromiso con los policías inconformes, sobre las mejoras salariales que solicitaban, pues el quebranto financiero de la administración estatal, también afecta a Seguridad Pública; sin embargo, decidieron realizar su movimiento.
El estatus legal de los 32 elementos, explicó, “fue motivo de procedimiento administrativo disciplinario (están suspendidos), no significa que están fuera, sino que por una disposición legal, las funciones que llevaban a cabo como policías en activo no las pueden desarrollar hasta en tanto la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública emita un fallo al respecto”.
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Paralelo a ello, “se ha hecho de conocimiento de los hechos al Ministerio Público del Fuero Común, lo que posiblemente constituyan a delitos, el juez competente facultará a la ley para determinar si existe o no delito alguno. Los policías que se encuentran suspendidos y en procedimiento administrativo que se está llevando a cabo son independientes a las investigaciones que la propia Fiscalía General del Estado”.
Almazán Cervantes negó que este movimiento y las demandas que enarbolan, sea una situación que compartan los dos mil 295 elementos que hay en la corporación, y culpó a ese grupo de policías, de por no asumir sus funciones el lunes 20 de julio en Chilpancingo, la Fuerza Estatal hizo nada para disuadir un enfrentamiento de transportistas en el zócalo de la ciudad, que dejó un saldo de 10 personas lesionadas y 50 unidades de transporte quemadas.
El movimiento fue iniciado por el oficial Jonathan Arcos Moreno, cuyos elementos a su cargo realizaban tareas de inteligencia para desfragmentar grupos de narcomenudistas en la zona Centro. Culpó a ese grupo de policías de filtrar a grupos inclusive de la “delincuencia” fotografías de policías estatales encubiertos para tareas de inteligencia.
Negó que haya diálogo por ahora con los policías, porque a pesar de que éstos continúen con su movimiento y soliciten su remoción, ya hay procedimientos iniciados ante los órganos correspondientes que se encargarán de la situación.
