Habitantes de la comunidad de Santa María Ostula aseguraron que el Gobierno federal no ha enviado al agente de Ministerio Público Federal para investigar los hechos del pasado 19 de julio, como se comprometió hace una semana.
Tampoco han puesto fecha para hacer una visita a la comunidad antes del 7 de agosto.
Agustín Vera Ramírez, jefe de Tenencia de la comunidad y vocero de ésta, indicó que ellos están dispuestos a trabajar coordinadamente con el Gobierno, pero éste no parece estar dispuesto.
Recordó que se han firmado los acuerdos con las autoridades y son ellas las que los han roto; un ejemplo –dijo– es lo que ocurrió con el comandante de la policía comunitaria de Ostula, Cemeí Verdía Zepeda, quien desde el primero de abril pasado fue integrado por el Estado a la Fuerza Rural y después se le arrestó.
Vera aseguró que los nuevos cargos contra Verdía Zepeda son «fabricados» y recordó que las declaraciones del gobernador de Michoacán, Salvador Jara, respecto a que el comandante de la policía comunitaria no podría regresar a la Fuerza Rural, demuestra que «les estorba».
“Repudiamos esa injusticia porque la comunidad ha sido golpeada y maltratada por el Estado, queremos respeto a nuestra forma de vida, no nos gusta la violencia o la agresión, somos pacíficos y actuamos de acuerdo a derecho; la demanda es que se libere a Cemeí y que se respeten las formas de gobierno propias de la comunidad”, señaló.
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El representante de la comunidad nahua pidió que se haga la diferencia entre lo que es la policía comunitaria de Ostula y las autodefensas: “todas las acciones de la policía comunitaria pasan primero por la asamblea de comuneros y para nombrar a un policía (que dura un año en su cargo) lo tiene que aprobar la asamblea donde se toma en cuenta cómo es la persona a la que se designa, si participa en la comunidad, si es honorable y de confianza”.
Insistió en que se debe investigar la responsabilidad del Ejército y las fuerzas federales y estatales en los hechos del domingo 19 de julio, donde murió el niño Hidilberto Reyes García, de 12 años, pues la cantidad elementos desplegados en la zona ese día –unos mil 500 según sus cálculos– indica que se preparaba un operativo mayor.
“Nosotros pensamos que se trata de desaparecer a las comunidades indígenas y sus formas de gobierno, que se contraponen al capitalismo promovido por el gobierno mexicano, nosotros cuidamos el territorio para que lo hereden los que vienen, en las comunidades indígenas está la mayor riqueza del país y son cosas sagradas, no para enriquecerse; en la costa se busca entregar el territorio a empresas turísticas o mineras que transformarían toda la comunidad y nos quieren desplazar a la sierra”, indicó.
Finalmente, aclaró que no están en contra del Gobierno, pero que son acciones como las del domingo 19 las que han provocado que incluso organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de la Naciones Unidas, estén poniendo atención en lo que pasa en el país.
“Son raras las veces que un personal de ese nivel viaja a una comunidad indígena y no creemos que sólo se quede en la visita, porque la ONU tiene facultad para emitir pronunciamientos”, opinó respecto a la visita realizada por personal de la organización a Ostula durante esta semana.
