El número de casos de desaparición forzada en México tiene niveles similares a países que han experimentado guerra civil y violencia política como Siria y Paquistán. Desde el 2008 han ocurrido 136 casos en México, al igual que en la república árabe de Siria.
Los estados más afectados son Guerrero, Veracruz y Tamaulipas, todos con altos niveles de inseguridad debido a la presencia del narcotráfico en sus territorios. Pese a este panorama, en el país no se cuenta con un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas que garantice la verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas, expone un informe del Senado.
En los últimos años, la desaparición forzada (donde hay implicación de servidores públicos), las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en México, son hechos que han estado en el foco de atención de los sistemas internacionales de derechos humanos, destaca el documento elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del legislativo.
Entre los casos más recientes está la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el 2014 y el rapto de cinco jóvenes en Veracruz a principios de este año. En ambos casos la Policía entregó a sus secuestrados a grupos de la delincuencia organizada.
Entre 1980 y el 2015 se registraron 545 casos de desapariciones forzadas, de acuerdo con el último informe anual del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
La mayoría ocurrieron en tres momentos específicos y que han marcado la historia de México:
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“Estos tres momentos o periodos históricos tienen en común la participación (justificada o no) del Ejército en tareas de orden público y seguridad”, resalta el informe.
El dato
En México hay 27 mil 659 personas desaparecidas, extraviadas o no localizadas.
Entre enero del 2014 a junio del 2015 se reportaron 820 personas desaparecidas.
Las 40 organizaciones de la sociedad civil y 35 colectivos de familiares de personas desaparecidas presentaron sus propuestas y participaron en las audiencias en el Senado de forma activa para contar con una normatividad eficiente, pero los legisladores no lograron desahogarla.