La justicia federal se declaró incompetente para seguir investigando al presidente Mauricio Macri por lavado de dinero en el marco de la causa por presuntas irregularidades con dos empresas de ultramar que tomaron estado público a partir de la filtración de documentos confidenciales en Panamá.
El juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la investigación, dictaminó el lunes que «la prueba colectada en la causa permitía… descartar la hipótesis de lavado como eje de la investigación».
Al descartarse el lavado de dinero, la causa ya no puede ser investigada por la justicia federal.
No obstante, el mandatario seguirá bajo pesquisa de otro fuero judicial por supuesta omisión maliciosa en declaraciones anuales de impuestos de su participación accionaria en dos firmas «fantasmas».
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El presidente apareció como miembro del directorio de la compañía Fleg Trading LTD, con domicilio en las Bahamas, según la filtración de millones de documentos confidenciales del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. Macri admitió su existencia, pero dijo que era un negocio familiar del cual no era accionista y que no percibió paga alguna, razón por la cual no fue incluida en su declaración de impuestos.
Más tarde, a través de un registro público de Panamá, Macri fue vinculado a Kagemusha SA, radicada en ese país.
El juez Casanello sostuvo su dictamen sobre la base de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) –organismo encargado de prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo– que descartó el delito de lavado de dinero y también de los exhortos enviados a Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay, los cuales no aportaron «ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia», según el fallo.
En lo que respecta al delito por supuesta omisión maliciosa de ambas firmas fantasmas, Casanello remitió el expediente a un juzgado de instrucción ordinario que tiene a su cargo una investigación de vieja data contra el actual mandatario por presunto enriquecimiento ilícito. AP
