El presidente del Congreso, Francisco Moreno Merino, del PRI, informó que como resultado de un análisis jurídico de especialistas de la UNAM y de los resultados de una auditoría especial de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), fue desechada la solicitud de juicio político.
“No hay causales para dar trámite a la solicitud tras conocer los resultados de una auditoría especial de ESAF, que encontró que fueron razonablemente bien ejecutados los recursos del crédito por dos mil 806 millones de pesos autorizado al Poder Ejecutivo”, citó el Congreso de manera oficial.
La decisión fue tomada en reunión de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) que reúne a los líderes de las 11 bancadas parlamentarias (PRI, PAN, PRD, PVEM, PNA, PMC, PT, PH, PES, Morena y PSD), en donde se presentó el resultado de un análisis jurídico solicitado a la UNAM, y el cual fue requerido para garantizar imparcialidad, afirmó Moreno Merino.
El legislador priista aseguró que la resolución se da apegada a derecho y en virtud que la solicitud debió ser presentada en la ventanilla del Legislativo Federal y no en el Congreso del estado, por lo que, en lo que compete a los Diputados de la LIII Legislatura, no hay elementos jurídicos para proceder.
“El resultado del análisis jurídico, que tomó en cuenta la auditoría especial, sirvió a los diputados para decidir que se desecha la solicitud de juicio político en contra del mandatario estatal”, citó Moreno Merino.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Alberto Martínez González, aseguró que se valoraron, apegados en todo momento a derecho, las pruebas presentadas en esta demanda, y en conjunto los integrantes de la Junta no encontraron elementos para proceder en contra del gobernador, por lo que acordaron desechar la solicitud.
A su vez, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, diputado Carlos Alaniz Romero, señaló que la fracción que representa aceptó la decisión que se tomó en la JPyG, después del análisis entregado por especialistas en derecho de la UNAM, por ser una institución neutral y que goza de credibilidad.
La demanda
En noviembre pasado la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC), liderada por Gerardo Becerra Chávez de Ita, otrora compañero de causa de Graco Ramírez, convocó a una marcha ciudadana y entregó al Congreso de Morelos la petición de juicio político entre cuyas causales citó la realización de obras sin las licitaciones correspondientes.
También acusó al gobierno estatal de invertir en eventos culturales como conciertos y espectáculos sin reporte de gasto y tampoco de recuperación.
Luego de la petición de juicio político, el Congreso de Morelos ordenó una auditoría especial sobre el uso del crédito y conforme con los resultados finales, no hay causales para enjuiciar al gobernador. Este es el segundo juicio político contra el mandatario morelense que desechan los diputados locales.
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