La administración de Guillermo Padrés Elías «desfalcó» a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) con más dos mil millones de pesos y durante seis años desvió dinero a obras de «relumbrón, no urgentes o prioritarias», dijo el titular de la dependencia, Ernesto de Luca Hopkins
Las irregularidades en el área de educación fueron detectados en el programa de uniformes escolares gratuitos, que operó durante cinco años de la administración panista, acusó.
El sector ahora es una «zona de desastre», describió el titular de la SEC, Ernesto de Luca Hop-kins, durante la presentación del resultado del diagnóstico del proceso de entrega-recepción de la administración pública estatal que culminará en 15 días.
El funcionario dio detalles sobre «el modus operandi» en programas claves durante la administración del maestro Jorge Luis Ibarra Mendívil, ex rector de la Universidad de Sonora.
«Podría aumentarla cifra, ya que no incluye organismos descentralizados e instituciones autónomas de educación, pero dso mil 172 millones de pesos son por incumplimiento de aportaciones a organismos y universidades autónomas, obras inconclusas del programa de Transformación Educativa, becas no entregadas, uniformes escolares no pagados, 700 escuelas en estado deplorable y adeudos a proveedores», afirmó.
De Luca dijo que las cifras son iniciales y pueden triplicar el monto de adeudos una vez que concluya el análisis a los organismos descentralizados como el Conalep, Itson, Cobach, Cecytes y universidades autónomas.
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El titular de la SEC dijo que «simple y sencillamente el sistema educativo fue saqueado» y reveló que hoy entregará la información y evidencias obtenidas a la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, así como a la Contraloría General del Estado.
Dijo que solo las oficinas centrales de la SEC, que ocupaba el también ex presidente de La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), le heredó una deuda con proveedores por 135 millones de pesos, pero «lo curioso es que fue en años electorales».
Más de la mitad del presupuesto (mil 500 millones de pesos) del programa de Transformación Educativa se gastó durante 2014, pero el gobierno dejó inconclusas 525 obras, cuyos contratos se encuentran en término o litigio. El dinero que estaba bajo custodia del Instituto de Infraestructura Educativa se invirtió en obras «de relumbrón, no urgentes o de alta prioridad», reveló el funcionario.
Denunció que al inicio del presente año escolar, la Unidad Estatal de Protección Civil clausuró 52 planteles por el mal estado físico en que se encontraban, eso provocó que más de 14 mil alumnos demoraran hasta tres semanas el inicio del calendario escolar.
De Luca aseguró que en 57 municipios de Sonora la infraestructura de los planteles está muy dañada, «incluso ponen en peligro la vida de la comunidad estudiantil».
Consideró que la SEC pudo haber violado la ley al permitir que el programa de uniformes escolares gratuitos fuera operado por la Secretaría de Economía.
El gobernador Padrés le encargó a Moisés Gómez Reyna, hoy jefe de los diputados panistas en el Congreso, el control de la distribución gratuita de millones de uniformes escolares para estudiantes de los tres niveles de educación básica.
Padrés tomó del presupuesto de la SEC unos 800 millones de pesos para cumplir con lo que había sido una promesa de su campaña electoral, pero Gómez heredó facturas sin cubrir por 200 millones de pesos, presuntamente el costo de los uniformes que debieron haber sido entregados al inicio del presente año escolar.
La semana pasada la actual administración encontró en una bodega miles de uniformes, que ahora De Luca intenta rescatar para enviarlos a escolares que este año no recibieron las prendas.
Para la operación, Gómez Reyna facilitó a un empresario los trámites para que obtuviera dinero de la financiera estatal Impulsor, dinero que fue usado en el montaje de las tres plantas donde se confeccionaban anualmente unos 550 mil uniformes.
Además, el funcionareio dijo que durante cuatro años, los contratos fueron asignados apa rentemente de manera irregular al empresario Mario Aguirre, cuñado de Ramón Corral, ex titular de la Comisión Nacional de Pesca, durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.
