Sergio Alfonso Lozano Rodríguez, ex alcalde de la ciudad de Allende, en el norteño estado mexicano de Coahuila, fue detenido hoy por agentes de la Procuraduría General de Justicia (fiscalía) estatal, acusado de secuestro agravado por una masacre perpetrada en 2011 por el grupo criminal los Zetas.
La detención de Lozano, quien era presidente municipal de Allende durante los hechos de los días 18, 19 y 20 de marzo de 2011, se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez a solicitud de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas, informó la Fiscalía en un comunicado.
Lozano fue detenido esta mañana en su domicilio y posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, donde quedó recluido a disposición del juez de la causa.
El ex funcionario presuntamente permitió un secuestro masivo al ordenar a agentes de la Policía Municipal no intervenir ante la llegada del sicarios de los Zetas al lugar en unas 40 camionetas para desaparecer a unas 300 personas.
La tragedia, que se mantuvo en secreto por casi tres años, comenzó a trascender a inicios de 2014, cuando las autoridades ordenaron un gran operativo de fuerzas federales y estatales para localizar los restos de los desaparecidos.
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En aquellos días pobladores, policías y militares, bajo anonimato, contaron a Efe que la desaparición de las personas ocurrió como un ajuste de cuentas del líder zeta Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, sobre Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza Gaytán, quienes operaron el trasiego de cocaína de la ciudad de Piedras Negras a Eagle Pass, Texas, (Estados Unidos).
Moreno además lavaba dinero en la compra de caballos de carreras para Treviño, pero en febrero de 2011 él y Garza traicionaron al capo informando a la Agencia Antidrogas estadounidense sobre sus actividades, huyeron con casi cinco millones de dólares y se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, donde residen como testigos protegidos.
En represalia, el Z40 y su organización criminal secuestraron a los habitantes de Allende que tuvieran los apellidos o algún lazo familiar con Moreno y Garza, y además se llevaron a sus empleados domésticos y trabajadores, a quienes desaparecieron.
La Procuraduría de Coahuila afirmó el 9 de diciembre de 2014 que, luego de recabar testimonios, pruebas periciales y confesiones, «la verdad jurídica» a la que llegó apunta al secuestro de solo 28 personas, 11 con la certeza que fueron asesinadas y 17 de las que no se sabe su paradero. EFE
